TEGUCIGALPA, HONDURAS. El portavoz del Ministerio Público (MP), Carlos Morazán, en una entrevista para un medio local, informó que se evacuaron 29 medios probatorios contra los exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), por la compra irregular de mascarillas.
«De los 29 medios probatorios, 26 son documentales, ahí hay cuantiosas pruebas, es decir, miles y miles de tomos y expedientes, los que se documentaron de este caso en particular», indicó.
Asimismo, detalló que el resto de medios utilizados son pruebas patrimoniales y financieras.
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«Tres medios de prueba son periciales, hablamos de pericias técnicas, pericias patrimoniales, pericias financieras y uno de estos es evidencial, es decir, inclusive algunos de los pagos y cheques que se utilizaron se mostrarán como evidencia», detalló.
Por su parte, la defensa de los imputados aseguró que analizarán todos estos medios de prueba presentados por el Ministerio Publico.
La audiencia inicial se realizó este lunes en el Juzgado Penal en Materia de Corrupción, sin embargo, será retomada el miércoles 15 de junio, a partir de las 09:00 de la mañana.
Detalles de la investigación
Según evidenció el MP, los exfuncionarios durante los inicios de la pandemia por el COVID-19 en el país, entre los meses de abril y mayo, realizaron la compra irregular de 474 mil mascarillas.
Los imputados son el exdirector Marco Bográn, el exadministrador Alex Moraes, el ex contador general, Carlos Luis Guevara Mondragón, y la ex especialista administrativa y financiera, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza.
A ellos se les acusa por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
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También, están involucrados los empresarios Juan José Lagos Romero, propietario del grupo G y T S.A. de C.V, quien está prófugo de la justicia; Elena María Hernández González, representante legal de Germar Ferretería, y María Elena Palacios Hernández, de Germar Ferretería.
De acuerdo a las investigaciones, los cuatro exfuncionarios de Invest-H se confabularon con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario.
Los entes de investigación descubrieron que los exfuncionarios simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería; sin embargo, buscaron beneficiar al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero.
Estos exfuncionarios emitieron una primera orden de compra por 50 millones de lempiras, posteriormente anulada para extender otra por 39 millones de lempiras; esta última cifra se canceló a Germar Ferretería.
Finalmente, Germar Ferretería transfirió unos 37 millones de lempiras a G y T S.A. de C.V., como pago por ser el proveedor.
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