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martes, diciembre 24, 2024

Abogados sin Fronteras Canadá y la CICESCT se unen contra la trata de personas en Honduras

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Organización no gubernamental de cooperación internacional, Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), y la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas de Honduras (CICESCT), firmaron un convenio de colaboración en la ciudad de Tegucigalpa.

La firma de este convenio se realizó en el marco del proyecto regional “Fortalecimiento de las capacidades de represión penal de los crímenes transfronterizos cometidos contra las mujeres, las niñas y otras personas en situación de vulnerabilidad en el Triángulo Norte de América Central”.

Dicho proyecto es financiado por el Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de lucha contra el crimen de Asuntos Mundiales Canadá.

El Director General de ASFC, Pascal Paradis, viajó desde Quebec, Canadá, para firmar dicho convenio con la Secretaria Ejecutiva de CICESCT, Rosa Corea.

También estuvieron presentes en dicho evento el Embajador de Canadá para Centroamérica, James K. Hill, la Ministra de Derechos Humanos, Karla Cueva y la Jefa de Misión del Proyecto Regional ASFC, Claudia López David.

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Buscan prevenir la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas

Este acuerdo tiene como propósito apoyar el fortalecimiento de las capacidades de la CICESCT, la instancia responsable de coordinar a nivel nacional las acciones que realizan instituciones públicas y privadas tendientes a sensibilizar, prevenir, atender a las víctimas y combatir la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas.

ASFC busca a través de este proyecto facilitar el acceso a la justicia y protección de los derechos humanos de las víctimas de estos crímenes transfronterizos, especialmente de aquellos cometidos contra mujeres, niñas y otras personas en situación de vulnerabilidad.

De igual forma, ASFC creará herramientas adecuadas y proporcionará una formación continua a los miembros de la CICESCT, conforme a los estándares y buenas prácticas internacionales, para mejorar el marco normativo nacional en la práctica, particularmente en materia de atención integral a las víctimas de estos crímenes.

La firma del Convenio representa para ambas instituciones su compromiso mutuo en la lucha contra estos crímenes atroces.

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