TEGUCIGALPA. Honduras tiene que contar con su propio sistema de cámaras de vigilancia en el Sistema Nacional de Emergencia 911, porque es un tema de seguridad nacional y no debe entregar contratos onerosos a empresas extranjeras que terminan secuestrando un servicio tan importante para el país.
Así lo explican expertos en el tema, quienes aseguran que se deben analizar varios puntos del contrato que se entregó a la empresa Dinamic Corp, un acuerdo del que, a la fecha, se desconocen sus términos con el Estado hondureño.
El Sistema de Emergencias 911 mantiene miles de cámaras de seguridad en diferentes puntos de Honduras.
Actualmente, la funcionalidad del sistema, que tiene como fin contrarrestar la actividad delictiva que a diario se registra en diferentes ciudades del país, se mantiene paralizada.
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La empresa que la administración del expresidente, Juan Orlando Hernández, contrató para brindar ese servicio, alega falta de pago por parte del actual gobierno. Sin embargo, en ese caso hay otros temas que requieren un exhaustivo análisis, opinan los expertos.
El 911 informó el jueves del “secuestro” del que es objeto. Dinamic Corp, que maneja el sistema operativo, según registros públicos es propiedad de la familia Schacher.
La empresa se resiste a renegociar los términos del contrato, según denunció el Gobierno en un comunicado.
El nuevo Gobierno reconoce la deuda, pero invita a Dinamic Corp. a encontrarse en un punto medio, pues el monto adeudado producto del contrato considerado “leonino”, alcanza la desproporcional suma de 500 millones de lempiras.
Dinamic Corp cobra mensualmente alrededor de 44 millones de lempiras por el mantenimiento y otros servicios.
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Implicaciones
¿Qué implicaciones representa esa situación para la seguridad de los hondureños? Diario Tiempo buscó la explicación de entendidos en el tema para dar respuesta a esta pregunta.
De acuerdo con los especialistas, se debe partir del hecho que el gobierno de JOH entregó a la empresa extranjera un contrato oneroso para el manejo de cámaras de seguridad, un servicio que es de seguridad nacional.
Migdonia Ayestas, criminóloga y exdirectora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), explicó que las cámaras son un sistema que sirve para disuadir y evitar el delito en las zonas donde se ubican pero no lo previenen.
Además, indicó que las mismas sirven como sustento a la prueba científica al momento de judicializarse casos penales.
En ese sentido, señaló que el problema es que, al no grabar las cámaras los delincuentes desarrollan su incidencia en esas zonas y obviamente las personas corren riesgo.
Migdonia Ayestas dice que el Estado debe contar con su propio sistema de cámaras.
Grave error de funcionarios
Seguidamente señaló que lo más grave aún de esa situación es que se contratan empresas internacionales, que cuando se les deja de pagar cortan el suministro del recurso y el país queda en nada.
En virtud de ello, aseguró que es importante contar con un sistema donde sea el Estado hondureño el que tenga el dominio del mismo, convirtiéndolo en parte de la seguridad nacional.
Ayestas cuestionó que los funcionarios que desarrollaron este tipo de negociaciones para la entrega del contrato a la empresa extranjera no primaron los intereses del Estado y no se dieron cuenta de lo que representaba ese contrato para el erario público.
«Han dejado empeñada y endeudada la Tasa de Seguridad con lo caro que representa ese contrato. Por lo tanto, los funcionarios deben ser más responsables a la hora de establecer ese tipo de negociaciones y también ser más transparentes para saber quién es esa empresa que se ha beneficiado de este pueblo tan pobre, como es Honduras, que ni siquiera con todo lo que ha ganado puede dejarle al país ese sistema que ya se utiliza desde hace tiempo», concluyó.
Análisis
Por su parte, el abogado penalista, Fernando González, expuso que las cámaras de vigilancia del 911 son un tema de seguridad nacional que depende de muchos factores.
En ese contexto, explicó que en primer lugar se deben analizar los 11 meses que se le adeudan a esa empresa, siete meses que son del actual gobierno y cuatro de la administración anterior.
Diario Tiempo se comunicó con dos expertos, quienes detallaron las consecuencias que esta falla puede provocar.
Asimismo, dijo que se debe estudiar qué tan oneroso era el pago pecuniario de ese contrato.
«Las cámaras de vigilancia disuaden en sistema de prevención, pero en sistema judicial hay muy pocas sentencias que han sido condenatorias con respecto a la situación del delito que se comete en las calles», disertó el experto.
En ese orden de ideas, el togado acentuó que al país puede venir otra empresa que puede ser más barata y más eficiente que la que actualmente está y dijo que ese es un tema que se debe manejar en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
«De la actual empresa no se sabe quiénes son los dueños ni qué sistema de licitación se hizo o si pudo haber sido una compra directa. Esos temas son importantes y se deben tratar dentro del seno del Consejo de Defensa y Seguridad, porque son ellos los que miran tanto las amenazas internas como las amenazas externas», puntualizó.
El abogado Fernando Gonzáles, es del criterio que el contrato con la empresa extranjera debe analizarse en varios puntos.
Contrato
Respecto a si el contrato resulta leonino para las finanzas del país, el togado afirmó que se debe saber qué es lo que establece ese convenio. Eso debido a que, las cámaras y el sistema de rastreo pertenecen a la empresa contratada.
«No se sabe si es un sistema troncalizado o uno satelital que no debe ser porque se habla de 500 millones en un año. Es algo carísimo «, señaló.
Por lo anterior, dijo que el contrato se pudo dar, pero siempre teniendo la supervisión en este sentido de los entes de defensa y seguridad del país.
«En esa empresa tuvo que estar siempre un representante de Fuerzas Armadas y uno de la Policía Nacional para que la información siempre se mantuviera y se manejara dentro de la secretividad. Evidentemente hay situaciones donde pudo haber fuga de información, porque el proveedor no es nacional y ellos tienen su backup (copia de seguridad), que quizás pueden grabar en cualquier otro lugar del mundo. La era tecnológica permite ahora el monitoreo hasta fuera del país», exteriorizó.
En este caso, el profesional del derecho expresó que «no es de tirar las campanas al viento», sino que se trata de buscar la solución y eso solamente se debe hacer en el seno del Consejo de Defensa de Seguridad.
Las cámaras de seguridad del 911
El abogado dijo que se deben poner en manifiesto cuáles son las cláusulas de ese contrato, porque el mismo estaba en secretividad por ser un tema de defensa y seguridad.
«Nadie conoce las cláusulas de ese contrato, evidentemente el contrato es oneroso en el sentido de que, va más allá el cobro que el resultado que tienen las cámaras de seguridad», finalizó.
Contrato no fue aprobado por el Congreso
Sobre el tema también se pronunció el director del 911, Celio Fernando Ferrera, quien detalló que ya retomaron la mesa de negociación con la empresa que opera las cámaras de vigilancia para buscar una salida legal a la problemática.
De acuerdo con el funcionario, la nueva administración de Xiomara Castro de Zelaya tiene la obligación de revisar el contrato por sus cantidades.
Fernando Ferrera, director del Sistema 911
Además, reveló que el contrato tiene problemas legales en cuanto a su contratación, porque la pasada administración lo relevó de una disposición de la Constitución de la República que dice que tiene que ir a la Cámara (Congreso Nacional) para aprobarse o no.
«Ese contrato es de ese tipo, entonces, tiene problemas legales en cuanto a sus procesos. Eso derivó en el no pago, porque no se puede pagar un contrato que tiene problemas legales», aseveró el entrevistado.
Ferrera dijo que la raíz y el problema de fondo con el contrato con Dinamic Corp. es el proceso en que se suscribió.
«Estamos revisando el contrato, tenemos una mesa de diálogo para aclarar todo y mandarlo al Congreso Nacional como corresponde», reafirmó.
Cámaras no fundamentales
Pese a que las cámaras están apagadas, el personero aseguró que el 911 tiene un bastión principal que es la línea operativa que se mantiene funcionando, atendiendo las denuncias y los servicios de emergencia que requiere la población.
«El tema de las cámaras es solo un tema de ayuda en seguridad, claro que es importante, pero no es fundamental para la operatividad del sistema. En un par de días las tendremos de vuelta. Hay que recordar que es una plataforma Inter-informática bastante grande y compleja, por lo que los ingenieros trabajan para restablecerla en su totalidad», aseveró.
Sobre la renegociación del contrato con la empresa firmante, el funcionario aseguró que va a primar la seguridad y el bolsillo de los hondureños, porque es de ahí de donde sale el dinero.
«Es obligación del Estado proteger esos intereses. El sistema se restituirá al cien por ciento de su capacidad. Si en el contrato se descubren otro tipo de anomalías, serán otros entes que lo harán público en su momento. El actual gobierno de la presidenta Xiomara lo que hace es sanear, revisar y trabajar con transparencia en ese caso», concluyó el funcionario.
911 no es dependencia de Copeco
Ramón Soto, Comisionado de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco), también se pronunció sobre el tema y expresó que la institución que él rectora no tiene nada que ver con el 911, a excepción de la comunicación que tienen con ellos para el uso de las ambulancias.
Por lo demás, en cuanto al sistema de cámaras y escuchas, reiteró que el 911 no es una dependencia de Copeco sino un tema de seguridad nacional.
Diario Tiempo también contactó al diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, quien es miembro de la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo y al economista, Hugo Noé Pino, para conocer su opinión en cuanto al tema.
Sin embargo, ambos funcionarios manifestaron desconocer detalles del tema, por lo que decidieron no emitir declaraciones al respecto.
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