HONDURAS. Ya una vez, hace tres meses, el Colegio de Economistas de Honduras (CEH) capítulo nor-occidental dio al Gobierno una serie de recomendaciones estratégicas para combatir la crisis del Covid-19, pero, tristemente, no fueron escuchados.
Fue así que los economistas miraron cómo gracias a la «Debilidad de las instituciones del sector público, la corrupción y negligencia«, según dijeron a través de un pronunciamiento, al Gobierno se le salió de las manos el manejo de la situación.
Actualmente, luego de 110 días, se están investigando múltiples casos de abusos de autoridad (corrupción) durante la pandemia, los hospitales están desbordados, no hay equipo biomédico y los doctores y enfermeras se convierten en víctimas mortales de la enfermedad.
«Los efectos se materializan en aumento de la pobreza, producto de la pérdida de fuentes de trabajo, caída en la producción, disminución de los ingresos y del consumo básico de la población», explica el CEH del nor-occidente.
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7 claves
Por lo anterior, economistas demandan que se tome en cuenta las propuestas antes hechas, y además, otras siete medidas para un combate efectivo del contagio y mejorar las condiciones de la reactivación de la economía hondureña. Y estas son:
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Expertos deben dirigir la gestión de la crisis
El CEH señala que a dichos expertos deben escogerlo cada gremio profesional del país. Serán quienes dirigirán el consejo nacional de respuesta a la pandemia y decidirán sobre las medidas inmediatas a implementar en todo el sistema nacional de emergencia, incluyendo, además, la respuesta en los hospitales, la gestión de las compras de insumos y equipo médico.
2. Cerrar actividades económicas que generen contagios
Asimismo, el CEH indica que apoya cerrar las actividades económicas que están siendo foco generador de contagios en el Valle de Sula, manteniendo abiertos y con las estrictas medidas de bioseguridad las actividades fundamentales para la sobrevivencia de la población.
3. Auditorías previas, concurrentes y posteriores
Como tener punto, los economistas exigen activar mecanismos efectivos de auditoría previa, concurrente y posterior, bajo el liderazgo de profesionales con conocimiento y experiencia, «de reconocida honorabilidad e independencia de criterio» para todos los recursos que se hayan invertido y que se invertirán en el marco de los decretos de emergencia.
No sirve de nada poner a alguien de «reconocida adhesión y compromiso con las mismas autoridades responsables de la débil y corrupta respuesta a la crisis», indicaron.
4. Un verdadero plan de aporte
Sumado a esto, el CEH pide que el sistema financiero nacional, en coordinación con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ponga en funcionamiento un verdadero plan que aporte sustancialmente a la situación de insolvencia de miles hogares y de pequeños emprendedores.
«El llamado es a que el sistema financiero, después de muchos años de crecimiento y fortalecimiento, implemente una re-adecuación de deudas que incluya una reducción sustancial de tasas de interés al financiamiento de la vivienda, de las actividades productivas y del y del consumo».
5. Reducir salarios de funcionarios públicos
También, los economistas demandan una política fiscal de ingresos, gastos y de endeudamiento público ajustada a las necesidades de la emergencia nacional, reforzando las partidas de salud pública. Y al mismo tiempo, «exigimos la reducción sustancial de los salarios de funcionarios públicos y diputados que hoy devengan mensualmente más de L100 mil».
6. Re-adecuación de impuestos más allá de «prórroga»
El quinto punto de los economistas trata sobre diseñar un plan de emergencia de recaudación de impuestos. Esta debe ir más allá de una prórroga y que implique flexibilidad en los pagos, reducción de tasas y exoneración a los sectores de la micro y pequeña empresa.
La finalidad es «Proteger el ingreso de los hondureños», y por eso, también «es necesario una reducción de las tarifas de energía eléctrica».
7. Defender el consumo de los hondureños
Por último, el CEH opina que las medidas de emergencia deben ir dirigidas a la defensa del consumo de los hondureños más vulnerables. «En este sentido, planteamos la implementación de un subsidio en víveres o en efectivo a las zonas urbanas y rurales más afectadas por el COVID-19, bajo la auditoría de entes profesionales».
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