TEGUCIGALPA, HONDURAS. Que se envíe a los privados de libertad a sus audiencias y que se implementen mecanismos de sistemas informáticos necesarios para que esos procesos sean virtuales, es la petición que el Poder Judicial envió al coronel Rony Javier Portillo, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
La petición la hizo Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de una carta formal al coronel Portillo.
Lo anterior, luego de que el funcionario externó su preocupación porque directores de centros penales se niegan a hacer traslados privados de libertad a diferentes juzgados y tribunales del país.
Según expresó Argueta, el argumento de los directores se basa en «la seguridad de ellos mismos debido a la COVID-19. Ya que consideran que con estos traslados, existe riesgo de contagio para quienes llegan a las sedes judiciales y al resto de la población penitenciaria».
En consecuencia, solicitan a los jueces que realicen las audiencias sin presencia de los privados de libertad. Y, posteriormente, les notifiquen la resolución, expuso Argueta.
A consecuencia de ello, el titular del Poder Judicial sugirió a Portillo «que instruya a los directores de establecimientos penitenciarios que se dé estricto cumplimiento a las disposiciones emanadas de los órganos jurisdiccionales en los términos fijados por nuestra normativa constitucional, legal y reglamentaria».
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Incumplimientos
Por otro lado, Argueta también indicó que «el incumplimiento en la remisión de personas detenidas de los centros penales a sedes judiciales, ha producido el vencimiento de los plazos de los que habla el artículo 181 del Código Procesal Penal«.
Donde se establece el tiempo máximo en que una persona puede estar detenida sin sentencia; «lo que ha traído y seguirá trayendo graves perjuicios a la justicia penal».
Asimismo, reprochó que,»a pesar de la reforma al artículo 137 del Código Procesal Penal para la realización de audiencias virtuales, el INP a casi dos años de entrar en vigencia esa reforma, aún no implementa los sistemas informáticos necesarios«.
Tampoco ha acondicionado sala alguna en ningún centro de detención para prescindir de los imputados en las audiencias judiciales.
Recordó que «nadie puede ser juzgado, sino por un juez o Tribunal competente» con las formalidades, derechos o garantías que la ley establece.
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