TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ministerio Público (MP) solicitó a un juez de Privación de Dominio el aseguramiento de 353 bienes a los implicados en la operación Arcano.
Entre los 353 bienes están negocios, vehículos, equipo pesado y productos financieros.
Los implicados en la operación son: Rigoberto Benítez Guerra, Amanda Edith Palma Barnica, Rigoberto Benítez Palma, Glenda Argentina Benítez y Héctor Maximiliano Benítez.
Te puede interesar: Incautan bienes a estructura ligada a Tony y Matta Waldurraga
El MP detalló que a estas personas, en esta semana de junio, las autoridades judiciales los favorecieron con un fallo absolutorio por el delito de lavado de activos.
Asimismo, indicó que el proceso judicial duró un mes y que el ente presentó las pruebas de que los implicados utilizaron sus empresas en los rubros de maquinaria pesada, minería y venta de derivados del petróleo para actividades de crimen organizado.
Por lo anterior, señalaron que vincularon sus empresas con el narcotráfico para el lavado de dinero con Jorge Alberto Barralaga Hernández, José Orlando Leiva Natarén y Digna Valle Valle.
Además, el MP enjuició que toda la argumentación presentada fue obviada por el equipo fiscal del Tribunal Sentenciador y se les otorgó cartas de libertad. El ente enjuició que estas cartas de libertad tenían base en las polémicas.
Finalmente, manifestaron que estas personas fueron favorecidas por las reformas que realizó el Congreso Nacional el año anterior a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.
Empresa INCOBE
El ente investigador informó que los hechos datan de julio de 2014, cuando la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) recibió denuncias sobre la existencia de una empresa denominada INCOBE.
Esta empresa operaba en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y Puerto Cortés, y su propietario era Rigoberto Benítez Guerra.
Según el MP, la compañía tuvo un crecimiento económico sin justificación con supuesta procedencia de actividades vinculadas al narcotráfico.
Lee también: Digna Valle ha salido de la cárcel; no cumplió condena de 11 años
La investigación identificó que durante el crecimiento desproporcionado, se registró la constitución de sociedades mercantiles en los rubros de explotación de maquinaria pesada, minería y comercialización de derivados del petróleo.
Del mismo modo, aseguraron que se pudo comprobar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, pagos de tributos y productos financieros.
También, se estableció que no tienen justificación económica de la lícita procedencia sobre las adquisiciones, traspasos y traslado de activos.
En noviembre de 2019, las autoridades capturaron a cinco personas y les aseguraron 33 bienes durante la operación. Por otra parte, el exmotorista de la Secretaría de Salud (Sesal), Rigoberto Benítez, fue acusado de amasar más de mil millones de lempiras.
Nota para nuestros lectores:
Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly/2Z2UF3j.
