TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El capitán en condición de retiro, Santos Orellana, su esposa y su suegra, tendrán este martes la audiencia inicial en el caso donde los señalan por lavado de activos.
Según el Ministerio Público (MP), cuando Orellana formaba parte de los operativos antidrogas en Gracias a Dios, se quedaba con parte de las drogas y armas decomisadas.
La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana en el Fuerte General José Trinidad Cabañas. Orellana está recluido en el Primer Batallón de Infantería, mientras su esposa y suegra guardan prisión en en la cárcel de Mujeres, en Támara.
El presidenciable Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Bonilla están acusados tras no poder justificar una cantidad millonaria de dinero que supera los 200 millones de lempiras, entre bienes y efectivo.
En las afueras del cuartel Cabañas han llegado varios simpatizantes del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE), apoyando al candidato presidencial.
El 5 de noviembre, un juez decretó detención judicial contra Orellana y su familia, pese a que su apoderado legal pidió que se defendieran en libertad condicional.
Asimismo, a Orellana lo detuvieron junto a su esposa en el Aeropuerto Internacional Toncontín, mientras regresaba de una gira política por Roatán, Islas de la Bahía.
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La acusación contra Santos Orellana
De acuerdo a las investigaciones fiscales, un testigo protegido manifestó que Orellana realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado.
Del mismo modo, el testigo dijo que Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares. Y, también lo acusan de la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).
Posteriormente, al realizar el análisis financiero se comprobó que durante el tiempo de Orellana en las FF.AA. recibió más de dos millones y medio de lempiras.
También su esposa y suegra, de acuerdo a las fuentes de ingreso, recibieron más de 200 millones no justificados.
Lo mencionado, según el MP, evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la Administración de Rentas no es coherente con lo declarado.
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