TEGUCIGALPA.- El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, aseguró que apoyarán el presupuesto de más de mil millones de lempiras solicitado por la Secretaría de Seguridad para combatir la extorsión en Honduras.
El Plan Integral para Control de Extorsión sugiere un presupuesto de 1,300 millones de lempiras para compra de seis helicópteros. Esa solicitud fue bien vista por el Poder Ejecutivo y según Carlos Zelaya desde el Legislativo también lo apoyarán.
De acuerdo con el parlamentario, los helicópteros ayudan a erradicar la delincuencia, por lo que es necesario prestarle su atención.
«Los helicópteros sirven para combatir la delincuencia, narcotráfico y ayudar a la población en los desastres naturales. Creemos que también se le debe dar prioridad a este problema de la Fuerza Aérea», expuso.
No obstante, el presupuesto también ha sufrido críticas por parte de otros diputados que ven como innecesario el millonario gasto.
El congresista del Partido Liberal, Marlon Lara, consideró que se debería pedir a otros países la donación de las unidades. «El Gobierno puede hacer una solicitud a Estados Unidos, Taiwán o países amigos, que para ellos no es ningún inconveniente donar esa cantidad de helicópteros», mencionó.
Lea también: Con ocho ejes, Gobierno presenta Plan Integral Contra Corrupción
Declaran emergencia nacional por extorsión
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró emergencia nacional en materia de seguridad en todo el territorio nacional, luego de las constantes denuncias por la extorsión.
«Producto de la impunidad que hemos vivido estos grupos ampliaron sus alcances. Es un delito olvidar los hechos trágicos que han hecho llorar y sufrir tanto al pueblo hondureño», expresó.
Ante esto, la presidenta hondureña detalló que el Gobierno del socialismo democrático que lidera declara la guerra a la extorsión.
La mandataria giró la instrucción a la Policía Nacional de evaluar la situación en cada región del territorio nacional.
Asimismo, la institución policial podrá decretar estados de excepción y suspensión de garantías de constitucionales parciales.
