CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. Como muchos habitantes de Ciudad de México, el médico Ricardo Arizmendi tiene dos teléfonos: uno de gama media que suele usar en su casa y otro más barato con el que sale a la calle y va al trabajo, por si lo asaltan.
Una estrategia que se vio refrendada hace pocos días, cuando unos ladrones entraron a su consultorio.
“Les di dinero y el celular barato”, narró. “Lo reporté a Telcel y no denuncié porque ya lo he hecho antes y es una pérdida de tiempo hacerlo”.
Es un episodio frecuente en una urbe donde se roban diariamente más de 1.700 móviles, un fenómeno en ascenso al que las autoridades locales ahora quieren poner freno con una batería de medidas.
Es por ello que el Gobierno municipal, encabezado por Claudia Sheinbaum (Morena), acaba de lanzar una ofensiva contra este delito, el más común intramuros.
Las autoridades municipales prohibieron, este martes, la venta de aparatos en los mercados, al tratarse en su mayoría de dispositivos robados. Además, se endurecieron las penas por este crimen y pusieron en marcha un mecanismo para simplificar el bloqueo de los dispositivos extraviados.
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Desafió
Las cifras dan fe del tamaño del desafío. En 2018 sustrajeron unos 620.000 teléfonos, según la Asociación Nacional de Telecomunicaciones de México (Anatel). Apenas un 3% de los casos fue denunciado de acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Aun así, el número de carpetas de investigación abiertas por la Procuraduría de la ciudad, la mayoría por hurto con violencia, creció más de un 50% en 2018 respecto al año anterior.
A menudo, el robo del celular es una pieza más en una secuencia delictiva.“Es el primer eslabón”, dijo el lunes el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Salvador Guerrero, durante la presentación de la estrategia.
“Los móviles son usados después para cometer extorsión, secuestros y fraudes”. La prohibición de la venta, así como la consideración del hurto como delito grave, buscan ahogar un negocio millonario. Las autoridades capitalinas estiman el costo en casi 10 millones de pesos diarios, unos 500.000 dólares.
Reacción de los negociantes
El P20 de Huawei es el rey de las ventas en el pequeño puesto ambulante de José Luis Sánchez, en una bulliciosa calle del centro de la capital.
“Tiene dos cámaras y viene con huella dactilar”, explicó este vendedor de 23 años. El precio del aparato está en 3.000 pesos, unos 150 dólares, después de haberlo comprado por apenas 1.800. ¿A quién? Sánchez se lava las manos. “No sé si es robado; yo solo lo vendo”, aseguró.
Las medidas aprobadas son contundentes; sin embargo, suscitan dudas entre los expertos. Endurecer las penas no representa una solución, de acuerdo a Luis Fernando García, director de la ONG Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
“Se trata de un populismo penal que tiene objetivos mediáticos; pero no es eficaz para reducir conductas delictivas y criminaliza a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad”, comentó.
Carolina Hernández, otra comerciante de 17 años, está preocupada por el impacto de la medida. Hace unos meses perdió 16.000 pesos de golpe cuando un operativo policial desmanteló su puesto, situado frente a una taquería en el centro de la capital. Por precaución, ahora guarda los teléfonos detrás de una lona roja.
“Los policías se meten con los comerciantes, pero no con los rateros”, relató. “Te pueden robar delante de los policías y se hacen los pendejos”.
A unos pasos de Hernández, una patrulla de municipales reconoce que “todo el mundo” vende aparatos robados en esa zona del centro; sin embargo, no parece enterada de las nuevas medidas: “no hemos recibido instrucciones”.
Estrategia
Además de los cambios legales, el Ayuntamiento quiere simplificar el bloqueo de los celulares extraviados, en alianza con operadores y fabricantes. Utilizar el código IMEI (el número que identifica cada móvil) impide al aparato conectarse a una red telefónica.
“No es una medida nueva y tampoco ha funcionado de manera eficiente”, informó García.
Las autoridades quieren animar a los ciudadanos a registrar su IMEI en una lista para así facilitar el bloqueo y la identificación de teléfonos hurtados. Una acción sobre la que el directos de la ONG se muestró escéptico.
«Incluso cuando esa información es evidencia del robo, es desestimada por la autoridad” agregó.
A pocas horas de que entrara en vigor el decreto que cierra su negocio, José Luis Sánchez seguía cantando las maravillas de los celulares que vende.
“Si me dijeran algo, recogería el puesto y volvería al día siguiente”, afirmó. “La gente nunca me ha preguntado si es robado. Solo quiere saber si funciona”.
