TEGUCIGALPA, HONDURAS. Desagradado se mostró el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tras el anuncio de que el juicio contra la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, se repetirá.
Su desaprobación a la determinación se evidenció en un comunicado vertido la mañana de este viernes.
Es importante conocer que se invalidó la condena, que era de 58 años, luego de que la defensa interpuso un recurso de casación señalando irregularidades en el juicio.
De forma consecuente, nuevos jueces decidirán el futuro de «Rosita», a quien se le acusa de múltiples casos de corrupción en perjuicio del Estado de Honduras. El CNA considera que este es un «triste episodio» para la sociedad hondureña.
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Prólogo: Una gota más a un vaso repleto
Antes de enumerar los puntos de reflexión, el consejo lamentó con vehemencia la decisión unánime por parte de jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El escrito inicia diciendo que es una resolución «déspota» y que el episodio es «triste»; asimismo se dice que esto «sacude negativamente la realidad hondureña».
Seguidamente explica que esta decisión es una muestra de un pacto en contra de los beneficios de la población.
«Es la clara expresión que el Pacto de Impunidad toma más vigor después de la expulsión de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la desarticulación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC)», se detalla en el documento.
Oscuridad más histeria
Un renglón después se inicia el desglose de los puntos.
En primera instancia se menciona que, a pesar de que se presentó un respaldo probatorio, la oscuridad (delincuencial) y la «histeria» colectiva producida por el arribo del coronavirus influyeron en la anulación.
A continuación, el escrito dice que la acción permite a los magistrados del Poder Judicial «lavarse las manos» ante el flagelo de la corrupción en perjuicio del Estado de Derecho, «asfixiando» la democracia.
Según lo plasmado, este acto coopera a imponer una «época llena de injusticias, ilegalidades, compadrazgos, despotismo y totalitarismo».
Cambio a reversa
Luego, el tercer punto del documento asegura que el Estado ha desarrollado muchas maniobras para combatir la problemática corruptiva. Consiguiente, desde el ente anticorrupción consideran que la resolución significa un «claro retroceso» y un «zarpazo» a la lucha ciudadana por justicia, transparencia y honestidad.
Posteriormente se describió que lo ocurrido no permite augurar un buen futuro en esta materia. En ese sentido, dice el comunicado que este precedente «muestra el camino que se tomará con los casos de corrupción que denunció la UFECIC».
¿Con qué objetivo? «Atacar y obstaculizar el trabajo de las instituciones que combatimos frontalmente a los corruptos».
¿Pensando en la propia experiencia?
Para concluir la opinión institucional, el CNA señaló específicamente a un magistrado, afirmando que es «inaudito» que un magistrado «vinculado a actos de corrupción en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)» forme parte de quienes votaron en favor de un nuevo juicio.
El par de oraciones finales dan a entender que el funcionario judicial pudo haber actuado pensando en su «propio escenario», donde algún día, podría ser «sometido a la justicia».
El comunicado concluye con un contundente hashtag: «#SinJusticiaNoHayDemocracia«.
El recurso de casación fue interpuesto el 12 de noviembre de 2019 por el abogado Juan Carlos Berganza. El 4 de septiembre del mismo año se sentenció a Rosa Elena Bonilla de Lobo a 58 años de cárcel por 11 delitos. Además, se le impuso una multa que consiste en el 10 por ciento del valor total que supuestamente defraudó.
