TEGUCIGALPA, HONDURAS. Más de 60 millones de lempiras incrementará la deuda publica en Honduras, debido a los fondos gestionados en el manejo de la pandemia del COVID-19, así lo dio a conocer el informe «Corrupción, discreción y opacidad«, presentado por la Coalición Anticorrupción.
De acuerdo a los datos revelados en un informe del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), entre el 18 de marzo y el 25 de septiembre del presente año, el Estado gestionó 77 mil 300 millones de lempiras para acciones durante la crisis sanitaria del COVID-19.
Con esta cantidad de dinero mal manejado, dice el informe, se pudo dar costo de oportunidad a otros factores sumamente necesarios durante la alerta nacional, como ser:
- Pago de salarios de cuatro meses al personal médico a nivel nacional
- Inversión de L35 millones a cada hospital publico
- Compra de 6.7 kits de pruebas para detectar el COVID-19, y así atender al 73 % de la población hondureña.
El FOSDEH destaca que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, cometieron el error de delegar el manejo de la pandemia a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y a Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), cuando no tenían capacidad.
El documento revela que el 80 por ciento de los fondos gestionados y que fueron mal gastados, son la nueva deuda pública; es decir, 62 mil 200 millones de lempiras.
Además, el informe revela que de los fondos aprobados, 4 mil 400 millones de lempiras ya se ejecutaron. Sin embargo 1,200 millones fueron en sobrevaloración de compras.
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Reacciones
El empresario Eduardo Facussé sostuvo que «esta pandemia nos va a dejar más pobres de lo que ya estábamos, con más problemas económicos«.
Facussé agregó que «dentro de poco viene un proceso electoral donde se necesitan grandes recursos y aparentemente es de ahí donde salen los recursos».
El economista y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), doctor Hugo Noé Pino, también se refirió al tema diciendo:
“Es triste que en medio del sufrimiento de miles de hondureños haya personas vinculadas al partido de gobierno que, bien sea para campañas políticas, ya sea para enriquecerse personalmente, estén haciendo uso ilegitimo e ilegal de estos recursos”.
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