TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión Especial del Congreso Nacional encargada de estudiar el contrato de concesión de la Concesionaria Vial Honduras (Covi), en la sesión ordinaria de este miércoles, presentó un avance del informe y aseguraron que el peaje de Santa Cruz de Yojoa no está ubicado donde establece el contrato.
La presidenta de la Comisión, Silvia Ayala, fue la encargada de detallar los avances de la investigación.
«Esta constata que esta estación no está instalada en la ubicación definida en el contrato», comenzó diciendo la congresista.
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Asimismo, señaló que en el gobierno anterior firmaron un documento donde le otorgaron el permiso a Covi para instalar la caseta del peaje en ese sector.
«Esta comisión tiene el documento que funcionarios del gobierno anterior presentaron la autorización de esa caseta«, indicó.
Agregó: «Vamos a deducir la responsabilidad en que incurrieron quienes autorizaron a la Concesionaria a instalar esta caseta aún teniendo el conocimiento del alto riesgo que significa para la vida de las personas y para los bienes que se han perdido».
De igual manera, detalló que el informe final de la investigación será presentado la próxima semana ante el hemiciclo legislativo.
Posteriormente, los parlamentarios entraron en un amplio debate sobre el riesgo que presenta la ubicación del peaje y coincidieron en que debe ser reubicado.
Los diputados también pidieron que se otorgue un plazo a la Concesionaria para que quite este peaje donde muchas vidas se han perdido.
No se debe perder una vida para quitar el peaje
Por su parte, el diputado Jari Dixon, manifestó que no se debe esperar a que se pierda una vida más en un accidente vial para que quiten el peaje de Yojoa.
«Si tuviéramos un buen Poder Judicial esos contratos hace tiempos estuvieran nulos, esperamos que estas situaciones no pasen con la nueva Corte Suprema de Justica (CSJ)», señaló.
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Dixon dijo que las concesiones en Honduras han perjudicado a la población y que los contratos se deben derogar.
«Las concesiones en Honduras son una estafa, son un robo en todo el sentido de la palabra. Tenemos que avanzar para derogar esos contratos, de lo contrario vamos a seguir siendo cómplices de un gran robo a la población», sentenció.
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