TEGUIGALPA, HONDURAS.- En la sesión ordinaria de este martes en el hemiciclo legislativo, la Comisión Especial para el análisis del contrato con la Concesionaria Vial (Covi), tras una indagación recomendó remitir al Ministerio Público y a la Procuraduría de la República el informe presentado para que procedan a realizar las investigaciones necesarias.
La titular de la Comisión, Silvia Ayala, la semana anterior presentó un avance del informe de la investigación sobre el peaje en Yojoa. En ese señaló que la ubicación de la caseta no es donde establece el contrato con la Concesionaria.
Por lo que, la noche de este martes presentó el informe final y las conclusiones de los hallazgos encontrados.
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Ayala dijo que «existen irregularidades, negligencias y falta del debido cuidado por parte de los actores involucrados por acción y omisión. Podrían subsumirse en el delito de abuso de autoridad».
Asimismo, recomendó a las autoridades comenzar con la demolición inmediata del peaje Caracol o más conocido como peaje de Yojoa.
«Recomendaos remitir al Ministerio Público y la Procuraduría General el presentar informe junto con la documentación de respaldo para que se realicen las investigaciones necesarias y se reduzcan las responsabilidades administrativas y penales que sean pertinentes», indicó.
De igual manera, señaló que para poder realizar la indagación las partes involucradas no tienen la información en el Portal de Transparencia.
Cambio de ubicación del peaje se hizo en un mes
Por otra parte, la presidenta de la Comisión informó que en la administración anterior en el corto tiempo de un mes realizaron el proceso de cambio de ubicación.
«La decisión para cambiar la ubicación del peaje denominado Caracol se tomó en un lapso de tiempo menor a un mes», manifestó.
Agregó: «Para realizar cambios de esta naturaleza, el contrato establece que el Concesionario y el concedente pueden llegar a un acuerdo para modificar las unidades de peaje».
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Ayala dijo que no existe justificación ni motivación para que realizaran el cambio de ubicación del peaje.
De igual manera, constató que en ese peaje no hay rampas de frenado porque Covi justificó que en la administración anterior no logró pagar la indemnización donde se prevé instalar ese sistema.
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