TEGUCIGALPA, HONDURAS. A través de cartas de poder falsas, la exinterventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Karla Patricia Pavón Bustillo, se habría apropiado indebidamente de más de 7 millones de lempiras, según lo informó el Ministerio Público.
Este viernes el Ministerio Público allanó la vivienda de Bustillo, a quien la venían investigando desde enero del presente año.
De acuerdo con el informe del ente acusador, la fémina desvió un total de siete millones ciento cuarenta mil quinientos veinte y nueve con sesenta y dos centavos (L7,140,529.62). Esos fondos, según el MP, correspondían a indemnización para familiares de reclusos fallecidos en incendio de 2004 en el centro penal de San Pedro Sula.
Además de eso, el texto indica que Karla Bustillo cobró 49 cheques mediante varias cartas de poder falsas ante el Banco Central de Honduras (BCH), que se los entregó.
Una vez teniendo en su poder el millonario monto, la exfuncionaria no los entregó a los familiares afectados sino que los utilizó para provecho propio.
Habían negado acceso del MP en el INP
El pasado 21 de enero, se cumplió con una inspección en las instalaciones del INP, donde en ocasiones anteriores se había negado el ingreso del personal fiscal e investigativo.
Los trabajos de investigación han estado a cargo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
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Antecedente
El 17 de mayo del 2004, 107 reos murieron, 27 resultaron heridos y 54 pudieron escapar a tiempo. El incendio fue causado por un cortocircuito, según informó un portavoz policial en aquel entonces. Varios supervivientes acusaron a los guardias de haber impedido la salida de los presos de las celdas una vez declarado el incendio.
Los heridos fueron hospitalizados con quemaduras de segundo grado en su mayoría, según fuentes hospitalarias.
«La explosión se produjo encima de mi cama. El primer fuego comenzó a la una y media. La Policía llegó a las tres y media para abrir las celdas, a pesar de que gritábamos ayuda, ayuda«, relató Antonio Hernández. Él es uno de los reos sobrevivientes.
Otro preso lanzó acusaciones similares: «Las autoridades tuvieron la posibilidad de ir hasta nuestras celdas y abrir las puertas, pero en lugar de eso nos empujaron hacia adentro para impedirnos salir», afirmó Pablo Cardona.
Tras el suceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por el siniestro ocurrido y se obligó a Honduras a pagar más de trescientos mil lempiras a cada familiar.
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