TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, dijo respetar la decisión sobre el aborto, pero recomienda sean examinadas.
Herrera Cáceres, hizo la recomendación que se promueva la educación sexual integral, con los principios de los Derechos Humanos.
Agregó que se debe proporcionar una información íntegra en el tema de la sexualidad en los jóvenes, y dar el conocimiento necesario.
De esa manera, habrá un actuar con mayor responsabilidad en las decisiones sobre su salud sexual y sus consecuencias a futuro.
El ombudsman hondureño recordó que hace dos años en los informes periódicos séptimo y octavo, en el párrafo 130, el Estado de hondureño comunicó, al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Lo anterior, como como parte del capítulo de complicaciones obstétricas que define el aborto terapéutico como la interrupción de un embarazo para preservar la salud o salvar la vida de una mujer.
El informe, argumenta que el Estado de Honduras reconoce el aborto terapéutico cuando está en riesgo la salud y la vida de la mujer.
En los casos que cuando el producto tiene malformaciones congénitas incompatibles con la vida y cuando el embarazo ha sido producto de una relación no consentida o una fertilización no consensuada.
Recordó, Herrera Cáceres, que en el año 2016, la Organización de Naciones Unidas (ONU), solicitó información con mayor amplitud al Estado hondureño como los abortos en riesgo afectan directamente la mortalidad materna.
Requisitos
Asimismo, los requisitos que se le exigen a las mujeres para poder someterse a un aborto terapéutico, en referencia dicho informe.
En respuesta a la solicitud planteada el Estado de Honduras informó que entre los años 2012 – 2013, los registros de muertes maternas hospitalarias en Honduras, indicaron que el 5% de todas las muertes están asociadas a abortos inseguros.
De todos ellos, menos del 2% son identificados como espontáneos.
El ombudsman, declaró que deben ser tenidos en cuenta en Honduras, en un debate abierto, debidamente documentado, que tenga en cuenta mantener la penalización como regla general y que tenga también en cuenta el derecho a la vida de la mujer.
Recomendó, al Congreso Nacional, examinar las excepciones expresas que, en otras legislaciones y en la nuestra, se han admitido para casos muy graves y fácilmente verificables.
Herrera Cáceres, agregó que esas excepciones deben estar sujetas a criterios y controles científicos para evitar que puedan injustificadamente utilizarse.
