TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una reunión virtual, el Congreso Nacional aprobó este jueves 7 de octubre, nuevas reformas para el Código Penal, entre las cuales destacan un aumento a la penas.
En la sesión virtual, participaron más de 60 congresistas. Fue en medio de está vigésima quinta sesión legislativa, que los miembros del CN realizaron varias reformas.
Código Penal
Entre las reformas que se hicieron a los artículos del Código Penal, se encuentra que ahora el delito de trata de personas ya no tendrá una pena de de 5 a 10 años, sino que será de 10 a 15 años.
Además, si se comprueba que hubo intimidación, pagos o la víctima sea menor de 18 años, se le aumentará a la pena a tres años más.
Sobre el delito de desplazamiento forzado, la pena de 6 a 9 años aumenta en 1/3. Esto ocurrirá cuando haya una asociación para delinquir o para beneficio de esta.
En ese sentido, también aumentará la pena si se comprueba que el autor tiene la condición de autoridad, funcionario o empleado público. Del mismo pasará si el crimen se comete en perjuicio de personas discapacitadas, menores de edad o personas de la tercera edad.
En cuanto el delito de de extorsión se agregó que se incrementa 1/3 de la pena si a causa de este crimen se registra el cierre de una empresa o negocio de cualquier naturaleza.
También se aumentará la pena si el que comete el delito ya lo ha hecho anteriormente. Asimismo, si el imputado es funcionario público se inhabilitará de 20 a 25 años más las penas ya establecidas.
El delito de usurpación, pasará a tener una pena de 4 a 6 años, cuando antes era de uno a cuatro años.
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Sobre el Código Procesal Penal
El CN expresó que sobre reformas al Código Procesal Penal están orientadas a proteger la propiedad privada misma que es esencial para el funcionamiento del sistema de libre mercado. Asimismo poder incentivar la inversión tanto extranjera y nacional, brindando reglas claras para la protección jurídica de las inversiones.
Sobre la ley Especial de Lavado de Activos, dijeron que es conveniente hacer una revisión, implementación y homologación de procedimientos administrativos, para lograr una efectiva lucha integral contra la comisión de los diferentes tipos penales que derivan en la legitimación de las ganancias económicas que genera la criminalidad organizada, sin lesionar derechos constitucionales de los investigados.
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