TEGUCIGALPA, HONDURAS. La corrupción en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) comienza a tener rostro.
También que esa corrupción no se limita a la contratación de asesores y personal supernumerario como lo denunció la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Por el contrario, la situación interna de ese ministerio es más seria de lo que se cree. Ahora el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha descubierto lo que ya se sospechaba.
En esa secretaría otorgaron varios proyectos evadiendo el proceso de licitación pública establecido en la Ley de Contratación del Estado. Esto lo estableció el CNA, con información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información pública.
Funcionarios de INSEP, que antes se llamaba SOPTRAVI, practicaron esos actos delictivos bajo una antigua práctica de corrupción.
Primero, se repartieron como piñata y luego fraccionaron un mismo proyecto en varios contratos. Ejemplo de ello es la adjudicación de al menos 40 contratos. Todos suscritos en el departamento de Santa Bárbara a una misma sociedad identificada como Sercomas. Mismos que suman un monto de 73 millones de lempiras.
Estos contratos se suscribieron bajo la modalidad de licitación privada, entre los años 2015 y 2017. Este caso ocurrió durante la gestión de Roberto Antonio Ordoñez y Roberto Antonio Pineda, que ahora ostenta el cargo de ministro de INSEP.
Es de mencionar, que bajo esta misma modalidad se favoreció a otras sociedades. Los proyectos fueron subdivididos y se ejecutaron en varias etapas en una evidente violación a la Ley de Contratación del Estado, esto según el informe técnico del CNA.
Cantidad de contratos aumento en periodo electoral
Otro dato importante revelado por el CNA es el aumento en la adjudicación de los contratos en los meses previos a las elecciones. Esta situación confirma la vieja hipótesis de que INSEP ha sido un coto de políticos para favorecer a sus familiares y correligionarios.
En total se identificaron 15 proyectos en el departamento de Santa Bárbara, adjudicados a varias compañías constructoras y de supervisión por un valor de 22.2 millones de lempiras.
Lo más condenable es que INSEP pagó los fondos convenidos en su totalidad a pesar de que las obras presentaban deterioro, fallas de construcción o quedaron inconclusos.
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Denuncia anónima deja al descubierto corrupción
El consejo Nacional Anticorrupción inicio el trabajo de investigación tras recibir una denuncia anónima el 7 de diciembre 2017.
Seis meses y 13 días después, el CNA dio seguimiento a esta denuncia mediante solicitudes de acceso a la información.
Entre la documentación solicitada estuvieron copias de los contratos adjudicados a Conasa y otras sociedades entre los años 2015 y 2017.
Tras un arduo y expedito trabajo el CNA obtuvo importantes hallazgos, suficientes para presentar una denuncia ante la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público.
CNA presentó la denuncia contra al menos 18 funcionarios de INSEP, por abuso de autoridad y fraude.
INSEP sigue siendo dirigida por el mismo ministro
El tema de corrupción en INSEP no es nuevo, lo que sí es de sorprenderse es que el mismo funcionario que dirigía la institución cuando se dieron estos casos siga al frente de la misma.
La investigación inicio entre los años 2015 y 2017. En ese periodo la estatal era dirigida por Roberto Antonio Ordoñez y como su asistente Roberto Antonio Pineda. Luego éste último fue juramentado como titular de INSEP hasta la fecha.
La denuncia presentada por el CNA ya señala a 18 funcionarios de INSEP como los involucrados en este perjuicio económico contra el Estado de más de 17.5 millones de lempiras.
Según la investigación del CNA, los proyectos se pagaron, pero no se concluyeron. Lo que es todavía peor es que estos se encuentran en total deterioro y abandono.
Tampoco se sabe si el informe alcanzó a Roberto Ordoñez, actual ministro de Energía y a su sucesor Roberto Pineda.
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Resultados de la investigación
Entre los resultados de la investigación se concluyó en que hubo las siguientes falencias:
1-Se falló en la supervisión de las instituciones públicas y las empresas contratadas como supervisoras.
2-Los directores de Obras Públicas y Carreteras de INSEP firmaron las actas de entrega o recepción. Con ello acreditaron los proyectos como sido hubiesen sido concluidos.
3-En seis de los contratos se logró identificar que hubo un perjuicio de 7.6 millones de lempiras en contra el Estado. Mientras que en los nueve restantes suman un monto de 9.9 millones de lempiras.
Es preciso señalar que el CNA también investiga otros contratos de proyectos carreteros y obras públicas otorgados en los últimos cinco años por un valor de 2,300 millones de lempiras. Hasta el momento se han identificado al menos 64 contratos fraccionados a sociedades que comenzaron proyectos, pero no los acabaron.
En muchos de los cuales también hubo fraccionamiento para evitar el proceso de licitación pública.
