«El Gobierno está preparado con las medidas, el equipamiento y el presupuesto necesario, para enfrentar el coronavirus si llega a Honduras», fueron las declaraciones de la titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, a escasos nueve días de que la proyección se cumpliera y el COVID-19 ingresara al territorio nacional.
Honduras continúa siendo uno de los países más vulnerables ante la pandemia, y es que el COVID-19 «destapó» las deficiencias de un desordenado Sistema de Salud y expuso al mundo cómo funciona la corrupción en plena emergencia.
Desde la última semana de febrero, el miedo se apoderó de los hondureños y las especulaciones sobre la existencia de casos en Honduras crecían. Un elemento fue esencia desde el principio: el Gobierno no tenía credibilidad.
En su afán de demostrar que la situación estaba bajo control insistieron en que Honduras lo tenía todo para combatir el virus.
Como muestra de ello, en los primeros días de marzo la titular de Salud visitó el Laboratorio Nacional de Virología (LNV) y reiteró que podíamos contra el COVID-19 Además, informó sobre la activación de un «Plan de Emergencia» a nivel nacional.
Sumado a ello, en esa misma fecha recordó que “el Gobierno ya había asignado un presupuesto de más 110 millones de lempiras y también ha girado instrucciones de que se va a disponer de todo el presupuesto nacional en caso que se requiera”.
Hoy, ya existen más de dos mil casos confirmados y las muertes ya superan el centenar; sin mencionar el colapso de la economía a causa del confinamiento impuesto por el Gobierno desde el pasado 16 de marzo.
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El virus de la corrupción
La llegada del virus al país, también trajo consigo presuntos actos irregulares en el manejo de fondos que se destinaron al combate de la pandemia.
Las falencias se vieron reflejadas en la carencia de respiradores mecánicos en los principales centros asistenciales, equipo de vital importancia para el manejo de pacientes en estado de gravedad.
El 11 de marzo de 2020, mismo día que se reportaron los dos primeros casos en Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández anunció que se destinarían L643 millones para atender la pandemia.
Además, el mandatario detalló que la inversión se ocuparía en la compra de equipo médico, insumos, trajes de protección y respiradores mecánicos.
Días más tarde, informó que las únicas instituciones encargadas de realizar compras de emergencia durante la pandemia son Inversión Estratégica Honduras (INVEST-H), la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Secretaría de Salud y BANASUPRO, además indicó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) acompañaría los procesos.
Compras irregulares
Sin embargo, lo que se anunció que sería un «proceso transparente» terminó siendo objeto de cuestionamientos ante las irregularidades que tanto el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH) como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunciaron en su momento.
Primero, se cuestionó la compra de que COPECO hizo, durante la emergencia, de televisores y de cuatro percoladoras cuyo valor era de L 4 mil, costo que fue catalogado como «irracional» por la población hondureña quien mostró su descontento en las redes sociales ante los presuntos actos de corrupción.
Lo anterior conllevó a la destitución de Gabriel Rubí, quien era el titular de esa institución, y a una investigación del Ministerio Público y el TSC. No obstante, hasta la fecha, no hay informe que muestre los avances de la indagación.
Semanas más tarde, COPECO dejó de estar en el radar de las investigaciones y las gestiones de INVEST-H se volvieron la nueva inconformidad del pueblo hondureño.
INVEST-H
La compra de siete hospitales móviles por parte de ese ente se convirtieron en el tema central durante la emergencia. Marco Bográn, titular de INVEST-H, había informado en un foro televisivo que los hospitales se fabricaban en Turquía.
Declaraciones que conllevaron a que la embajada de ese país emitiera un comunicado aclarando que su Gobierno no era proveedor de Honduras.
Ante ello, Bográn vuelve a la palestra pública aclarando, según él, que los hospitales solo se fabricaban en territorio turco. Pero que no era una negociación propiamente con ese país, aseveró.
«Lo que he venido planteando desde el inicio de la pandemia, en el momento que hago contacto con Hospitales Móviles de Estados Unidos, es que la empresa es enteramente estadounidense, pero tiene su fábrica en Turquía», explicó el funcionario.
«Nosotros no le hemos adquirido al Gobierno de Turquía. Hay muchas empresas que tienen sus fábricas en ese país porque los costos de producción son más bajos, es igual al caso de las maquilas en Honduras. Ejemplo de ello es la empresa Gildan en SPS, que es estadounidense», continuó diciendo.
Lo cierto es que los hospitales cuya inversión es de 1,159 millones 346 mil 755 lempiras según se detalla en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) no están en funcionamiento. Uno de ellos que se ubicará en Danlí, anunció su instalación a principios de abril y estaba previsto que estuviera listo en los primeros días de mayo, pero hasta la fecha no ha finalizado su instalación.
Dicha situación contradice a las autoridades, puesto que Bográn aseguró que la característica de los hospitales es que su instalación tardaba entre tres a cinco días; este ya lleva más de un mes.
Los hospitales móviles
Es oportuno recordar que, según se informó al inicio de la pandemia en Honduras, los hospitales móviles estarían listos la primera semana de junio.
Esto también viene a contradecir el discurso del Gobierno, a través de la Secretaría de Salud, al asegurar que estábamos listos para enfrentar el virus.
El martes recién pasado, el Poder Ejecutivo, en comparecencia de prensa, anunció que los hospitales móviles están prontos a arribar a territorio nacional. Y, una vez que pisen suelo catracho, su instalación tardará una semana, aseguró el presidente Hernández.
Por su parte, Marco Bográn, aclaró que, «el término hospital móvil, no significa que se podrá estar moviendo de un lugar a otro dentro del país. Llamémosle mejor portátiles, en el sentido de que se traen prefabricados desde el exterior y se instalan en menos de tres a cinco días».
Desde que se anunció la instalación de los siete hospitales, se informó que tres de ellos constarían de 91 camas, y los cuatro restantes, tendrán solo 51. Van destinados a Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, Olancho, la Ceiba, Juticalpa, Danlí y Choluteca.
COVID-19 en Honduras
En una breve cronología que Tiempo Digital hizo sobre el avance de la COVID-19 en el país, se evidencia el indiscriminado aumento de casos a nivel nacional. Especialmente en el departamento de Cortés y Francisco Morazán.
Además, pese a las medidas que el Gobierno impuso como el distanciamiento social que conllevó a un confinamiento obligatorio, el uso de gel y mascarilla, no han sido suficientes para controlar la enfermedad.
El 11 de marzo de 2020 se reportaron los dos primeros casos positivos de COVID-19 en Honduras. Para el 15 de marzo, el Gobierno decretó que se suspendieran las actividades laborales en el sector público y privado, con algunas excepciones.
Desde la llegada del virus al país hasta el 1 de abril, la confirmación de casos era escasa. Es decir, que no superaba los tres a cuatro casos por día. El 26 de marzo se confirmó el primer deceso. Para el 1 de abril, ya se confirmaban 219 casos y 14 muertes.
Durante todo abril, la curva de casos iba en ascenso y la experta en Epidemiología, Roxana Araujo, junto a la presidenta del Colegio de Médicos de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, coincidieron que el virus había alcanzado la fase cuatro. Eso significa que «todos somos sospechosos» de portarlo, según explicaron las profesionales.
La propagación del virus fue imparable y así se incrementó solo en abril:
- 6 de abril: 305 casos
- 13 de abril: 407
- 22 de abril: 510
- 26 de abril: 627
- 28 de abril: 702
Aumento exponencial de casos de COVID-19
Para mayo, se dispararon los casos y el 1 de este mes ya se reportaban 804 casos confirmados; 24 horas más tarde, la cifra aumentó a 1,010. Mientras que, hasta el 12 de mayo, los casos ya ascendieron a 2,080 y las muertes a 121.
La última disposición que la Secretaría de Seguridad emitió en cadena nacional de radio y televisión era la ampliación del toque de queda hasta el 17 de mayo de 2020.
Sin embargo, semanas más tarde de la llegada del virus, se acordó la reapertura inteligente de algunos sectores económicos. Inicialmente se permitió que las instituciones financieras prestaran sus servicios junto a los supermercados y gasolineras. Para ello se determinó que los hondureños debían circular según su último dígito de identidad.
Posteriormente se permitió la reactivación de las ferreterías y el más reciente, el de algunos restaurantes de comidas rápidas.
Hasta ahora, la población hondureña continúa en estricto confinamiento y está a la expectativa de las nuevas disposiciones del Gobierno. Pero la pregunta es, ante el elevado número de casos de la COVID-19 en Honduras, ¿continuará la cuarentena o se permitirá la reactivación laboral y económica a nivel nacional?
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