REDACCIÓN. Empleados de varias empresas de la zona norte de Honduras, incautadas hace un mes por el Estado y que fueron tomadas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), protestaron este día exigiendo que se les permita regresar a sus deberes laborales o que se les genere otra fuente de trabajo.
Se trata de la empresa de carga INCOBE y la recién inaugurada gasolinera TEXACO en al carretera que conduce a La Lima, ambas incautadas juntos a varios carros y residencias durante la operación Arcano el pasado 24 de noviembre. Se debe mencionar que estas empresas permanecen cerradas desde entonces.
Ante la falta de empleo y, por ende, sustento para su hogar, los hondureños decidieron salir con sus uniformes a protestar frente a los locales que fueron sus lugares de trabajo. La exigencia que hicieron fue que la OABI se haga responsable de sus salarios y de la continuidad de sus empleos.
«Nadie pone la cara por nosotros», dijo uno de los afectados. Esto, refiriéndose a que cuando se incauta una empresa, nadie se preocupa por los empleados de la misma.
Por otro lado, TIEMPO Digital conoció que los empleados de la OABI se quejan por la mala administración producto de la inexperiencia de su nuevo titular, Francisco Flores.
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Sobre la incautación: OABI
Como se mencionó antes, las empresas las incautó el Ministerio Público en el desarrollo de la operación Arcano. Ese mismo día, la Policía detuvo a cinco personas.
Rigoberto Benítez Guerra, propietario de la empresa de transporte de carga pesada INCOBE. Junto a él, Amanda Edith Palma Barnica, Rigoberto Benítez Palma, Glenda Argentina Benítez Palma y Héctor Maximiliano Benítez.
Mediante un comunicado, Ministerio Público (MP) dijo que la «Arcano» fue la respuesta a una denuncia ciudadana de 2014, en la que se detallaba la existencia de la empresa Incobe, misma que tenía un crecimiento económico sin justificación producto de actividades de, supuestamente, narcotráfico.
Por tal razón, el MP acusó al dueño de Incobe y a los otros capturados de lavado de activos.
De igual manera, el requerimiento establece que los acusados realizaron adquisiciones, traspasos y traslado de dinero de ilícita procedencia.
Según el MP, la empresa de Rigoberto Benítez Guerra operaba en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán. Durante la operación se allanaron ocho residencias, inspeccionaron siete negocios y aseguraron 20 bienes inmuebles, 13 sociedades mercantiles y 320 carros.
