TEGUCIGALPA, HONDURAS. La dotación de material de bioseguridad y aplicación de pruebas de COVID-19 en todas las cárceles de Honduras pidió este sábado la Asociación de Familiares de Privados de Libertad.
La petición llega luego de que se confirmó que un presidiario del Centro Penitenciaio Nacional de Támara contrajo la enfermedad. Delma Ordóñez, presidenta de la agrupación, fue quien externó las consideraciones del caso.
Ella conoció de primera mano la información, pues se personó ayer, viernes, a la cárcel en mención y se le comunicó que había sospechas del padecimiento en unos reclusos que recién fueron ingresados. Luego, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) confirmó que uno de ellos resultó positivo tras la prueba pertinente.
No obstante, los datos que recabó Ordóñez difieren con la información provista por el Instituto Nacional Penitenciario (INP). Eso, dado que el INP sólo habló de 11 privados de libertad a los que, por prevención, se les realizó la prueba. No mencionó a nadie más.
En ese sentido, ella asegura que las evaluaciones se aplicaron a 24 personas; las otras 13 personas serían quienes conforman el personal carcelario que sostuvo algún contacto con la oncena de reos.
Ambas versiones coinciden que, en materia de aprisionados, sólo se trató de 11 sospechosos; nada más uno está contagiado.
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¿Y las mascarillas donadas?
Lo acontecido deja la interrogante sobre qué sucedió con las mascarillas que donó la Cruz Roja Hondureña a esa prisión. ¿Quién las tiene? La respuesta es incierta, pero, sí sabe sabe que no las portan los reclusos. Ordóñez señaló que la provisión no ha sido entregada.
Incluso, la representante de los familiares denunció que en el penal no tienen ni cómo lavarse las manos, pues el agua es escasa. Aseguró que las autoridades han adquirido algunas cisternas móviles, pero el suministro del vital líquido no ha sido suficiente.
Por tanto, enfatizó que quienes dirigen el INP deben proveer mascarillas y gel antibacterial a todos los reos en el territorio nacional. Además, reveló que muchos privados de libertad temen un contagio masivo, por lo que exhortó a las autoridades a aplicar más pruebas.
