TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a través de su magistrado presidente José Juan Pineda, violentó la ley, y por ende, revelan un colapso en la institucionalidad de ese ente del Estado, según lo expuso el exfiscal de la República Edmundo Orellana.
Lo anterior, tras referirse al reciente informe que el TSC remitió al Ministerio Público (MP) sobre una auditoria en las compras de emergencia que Inversión Estratégica Honduras (Invest-H) hizo durante la crisis sanitaria generada por la COVID-19.
«Es un documento (el informe) sin sustento que no tiene ningún efecto legal y tiene varias aristas. Está viciado porque ha sido remitido por el magistrado presidente del TSC quien estaba impedido de participar en este asunto porque tiene vínculos familiares con Marco Bográn, exdirector de INVEST-H», cuestionó Orellana.
«Todo lo anterior indica que la insitutucionalidad está colapsada porque sus funcionarios actúan en forma irresponsable», agregó el profesional del derecho.
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Juicio político
En ese sentido, el exfiscal sostuvo que en otros países medianamente organizados, esa actitud del presidente del TSC, daría lugar a un juicio político. Eso contribuye a la falta de confianza en la labor que hace ese ente, argumentó.
«Es el TSC quien supuestamente garantiza que el gasto se haga bien y resulta que su presidente actúa con tal ligereza y eventual violación de la ley», reprochó Orellana.
Asimismo, reiteró que el informe que realizó el TSC es un documento que pretende ser imputativo de responsabilidad penal. «Es impertinente y extemporáneo porque no puede presentarse un informe imputativo de responsabilidades de todo tipo por parte del TSC, mientras se está ejecutando el presupuesto», agregó.
Sobre lo antes expuesto explicó, que el TSC solo puede hacer auditorias externas después de finalizar el ejercicio fiscal, es decir en enero del otro año.
Finalmente, el exfuncionario descartó que las acciones del TSC y su presidente sean constitutivas de ignorancia.
«El magistrado no puede alegar ignorancia a la ley. El juramento que hizo ante el Congreso Nacional y el pueblo hondureño es que iba a cumplir y hacer cumplir la constitucional y las leyes; siendo abogado es imperdonable», concluyó el exfiscal Edmundo Orellana.
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