TEGUCIGALPA, HONDURAS. En audiencia inicial, el juez de Letras con competencia nacional en materia de corrupción dictó medidas distintas a la prisión para los tres empleados del Instituto de la Propiedad (IP) vinculados en la adjudicación de los terrenos del Parque Nacional Jeanette Kawas.
A estos ciudadanos se les dio captura el pasado martes en dos puntos del país, en operativos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). A ellos se les acusa de los delitos de falsificación de documentos y fraude.
En tal sentido y tras su captura, comparecieron ante el juez que conoció la causa y tras una larga audiencia, les dictó medidas diferentes a la prisión preventiva.
Carlos Silva, portavoz de los Juzgados, señaló que «el juez de Letras en materia de corrupción dio a conocer a las partes procesales la resolución de la audiencia de declaración de imputado en el caso instruido contra Marco Tulio Luque Medina, exjefe de Catastro y geografía del Instituto de la Propiedad, y contra los auxiliares jurídicos, Carlos Josué Pacheco Guevara y José Francisco Bonilla Chirinos«.
Lea además: Estos son los 14 señalados en caso del Parque Jeanette Kawas
Medidas diferentes a la prisión
Carlos Silva detalló que el juez en materia de corrupción indicó que se les tienen que imponer a los encausados las medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva, imponiéndoles los castigos del artículo 173.
La primera y es lo que indica el numeral 5 es que los tres ciudadanos quedan al cuidado y vigilancia de su defensa. Además, el numeral 6 señala que los imputados tendrán que presentarse todos los viernes al Juzgado de Letras Penal de su domicilio a firmar.
Y lo establecido en el numeral 7, dice que no podrán salir del país y no podrán ir ni presentarse en determinados lugares. Uno de los puntos prohibidos son las oficinas del Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula.
Ratificación del Ministerio Público
Por otro lado, Silva informó que durante el desarrollo de la audiencia de declaración de imputados en Ministerio Público ratificó los hechos plasmados en el requerimiento fiscal, así como los 14 delitos de fraude y 12 delitos de falsificación de documentos públicos.
Según el ente acusador del Estado se presentaron 14 solicitudes de regulación predial mediante el mecanismo de equiparamiento al dominio útil y su ocupación por más de 10 años y su consolidación al título del pleno.
Las constancias tienen el mismo formato y están impresas en papel común. Asimismo no se les asignó clave catastral y tampoco se hace referencia al nombre del sitio de la naturaleza nacional, agregó el portavoz de los Juzgados.
Además, no señala que el predio se ubica dentro del artículo 71 de la Ley de Propiedad que regula a zonas sujetas a regímenes especiales.
Nota para nuestros lectores:
? Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.
