CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. A un año de su triunfo en las urnas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se enfrenta a un fenómeno inesperado, el incremento de 232% en el flujo de personas migrantes.
En los primeros seis meses del año se contabilizaron 460 mil, que superan a los 138,612 de todo 2018.
Aunque el fenómeno migratorio de Centroamérica no es nuevo, este último año ha tenido una resonancia mayor en México por la cantidad de familias que formaron parte de él, la detección de bandas dedicadas al tráfico de personas, una nueva modalidad de migración transcontinental y el relajamiento de la política implementada por el nuevo Gobierno, que lo llevó a tener el primer diferendo diplomático con EE.UU.
De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), de los 460 mil migrantes que ingresaron al territorio mexicano. Se presentaron ante esa instancia 99,203 y se han devuelto a su país de origen 71,110. Esto significa que al menos 360 mil indocumentados están dispersos en suelo nacional o en EE.UU.
Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense indicaron que hasta julio de 2018 el promedio de captura era de 40,149 personas; pero en 2019 aumentaron mes con mes hasta llegar a 144,278 en mayo.
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«Brazos abiertos»
Se estima que en el primer semestre del año creció 232% el tránsito de personas, con respecto al pasado.
Luego del triunfo en las urnas, el entonces presidente electo; AMLO definió su política migratoria como “de puertas y brazos abiertos”, respeto a los derechos humanos y respaldo a quienes cruzaran la frontera sur para buscar una vida mejor.
Esta visión resultó positivo para que miles de familias de naciones como Honduras, El Salvador y Guatemala, entre otros, se organizaran en caravanas para llegar a México; pero no para quedarse sino para usarlo como trampolín para llegar a EE.UU.
Las cifras así lo muestran, en 2017, el número de personas presentadas por tener una situación irregular apenas alcanzó los 93, 846. Un año después, la Secretaría de Gobernación, a través del INM, registró 138,612 personas no documentadas, de las cuales 112,367 tuvieron una deportación o un retorno asistido a sus países de origen.
La diferencia es que en lo que va de 2019 (tan sólo seis meses) las autoridades estiman que ingresaron al territorio nacional de forma ilegal al menos 460 mil personas de distintos países. Es decir más de 200% de lo que ocurrió en el año anterior.
Este dato ocasionó la molestia del país vecino.
Asegurados por CBP
Estadísticas de la CBP mostraron el aumento exponencial de las detenciones, que hasta julio de 2018 (mes de la elección presidencial) se encontraban en niveles de 40,149 personas; pero que al iniciar el nuevo año, mes con mes aumentaron. Por ejemplo, en enero se registraron 58,288 detenciones, en febrero pasaron a 76,533; 103,729 en marzo y 109,474 en abril. En mayo llegó a un nivel que calificó el presidente Donald Trump de intolerable con 144,278 personas indocumentadas aseguradas.
Próximamente CBP dará a conocer la cifra de junio.
Según el año fiscal, de octubre de 2018 a mayo de 2019, la cifra de detenidos por la Patrulla Fronteriza es de 676,315 que contrastó con los 521,090 asegurados en el mismo lapso de 2018.
Amenazas
“El 10 de junio EE.UU. impondrá un arancel de 5% a todos los bienes que ingresen a nuestro país desde México (…) hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal”, advirtió a través de su cuenta de Twitter el 30 de mayo.
Este amago llevó a México a poner fin a su política de “puertas abiertas” en materia migratoria. Luego de una negociación que el canciller mexicano Marcelo Ebrard calificó de “dura y difícil” con EE.UU. representado por el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, se acordó poner un plazo de 45 días (vence el 22 de julio) para que el país endurezca las acciones en la frontera sur y norte. A fin de evitar el ingreso al territorio nacional de personas en situación irregular y evitar un mayor cruce de personas hacia la nación estadounidense.
Esto a cambio de que el gobierno de Donald Trump postergue la implementación de aranceles al menos hasta hacer la primera evaluación de 45 días y una segunda a los 90 días.
Para lograr la disminución prometida (no se definió un porcentaje), México dispuso de seis mil elementos de la recién creada Guardia Nacional para contener el flujo migratorio en la frontera sur.
La nueva política implicó la salida de Tonatiuh Guillén del Instituto Nacional de Migración y la llegada de Francisco Garduño, exresponsable de los penales federales.
Aunque el cambio mayor fue el desplazamiento de las tareas de control migratorio a cargo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ahora bajo la tutela del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Deportaciones
El numero de extranjeros devueltos también creció, particularmente luego de la reunión entre autoridades de ambos países el 7 de junio.
En enero se deportó a sólo 5,884 extranjeros; febrero a 7,373; marzo a 9,113. Luego de las reuniones de autoridades de Gobernación mexicanas y de Seguridad Interna de la Unión Americana, se dispararon las devoluciones de centroamericanos al llegar a abril a los 14,970; en mayo a 16,507 y hasta el 24 de junio la cifra era de 17,263.
Tráfico de personas
Ebrard, quien por orden presidencial está a cargo de atender el fenómeno migratorio, confirmó la operación de bandas de traficantes de personas. Ellos les cobran a migrantes en sus países de origen (Guatemala, El Salvador, Honduras) desde mil hasta cinco mil dólares por llevarlos a EE.UU.
En su momento, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y Migración reveló que las bandas de traficantes ofertaban la posibilidad de viajar en caravanas a través de mensajes en medios de comunicación, en especial en Honduras.
La muerte del migrante salvadoreño, Óscar Martínez y su hija de 2 años Valeria, en el río Bravo generó indignación y cuestionamientos en EE.UU., México y en otras partes del mundo por la forma como las autoridades de los dos países enfrentan este la crisis que aún no se ha resuelto.
Fondo Yucatán
El gobierno de México ha pugnado para que sea a través del desarrollo económico en la región de Centroamérica como puedan generarse las condiciones para que las familias no tengan la necesidad de emigrar.
La Cepal, a propuesta de México, presentó el Plan de Desarrollo para el Sur de México y Centroamérica que contempla diversas acciones y programas. Uno de ellos, Sembrando Vida, se extenderá a El Salvador para lo cual se aportó 30 millones de dólares. Con el objetivo de que esta actividad genere empleo y revierta los daños causados por fenómenos naturales en este país.
Los recursos forman parte de una bolsa de 100 millones del llamado Fondo Yucatán. Creado en 2011 por el entonces presidente Felipe Calderón, que continuó el presidente Enrique Peña Nieto y que a partir de un decreto del presidente AMLO publicado el lunes pasado, toma como nombre oficial Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe. Asimismo, se destinarán recursos por igual a Guatemala y Honduras, 30 millones de dólares para cada uno de ellos.
Los restantes 10 millones funcionarán para gestión y gastos de operación. Los recursos los dispone la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo que depende de la Cancillería.
Entre 2012 y 2016, el Fondo Yucatán aprobó 129 millones de dólares a 16 proyectos destinados a 11 países de la región.
De los recursos, 83% de ese dinero se invirtió en Centroamérica. Fueron nueve proyectos en Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que tuvieron que ver con la construcción de infraestructura como puentes y carreteras.
