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domingo, diciembre 8, 2024

Esposo de migrante hondureña puede ser deportado a pesar de tener un «perdón»

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Estados Unidos. Milagro Castillo, migrante hondureña, solicitó a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) que no le deportaran a su esposo porque cuenta con un Perdón Administrativo Provisional de Deportación (Stay of Removal).

«Él está en estos momentos en el centro de detención en Broward (ubicado al norte de Miami, Florida)», contó Castillo.

«Primero lo tenían en Krome (otro centro de detención en Miami), pero lo cambiaron de cárcel. Él tenía una protección para no ser deportado», agregó.

Luego denunció que «ICE no lo quiere soltar porque lo quieren enviar para Honduras. Pero él no puede irse porque nosotros, su familia, estamos aquí y lo necesitamos para salir adelante», comentó la desesperada mujer.

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Ella denunció que a su esposo Denis Javier Funes lo han presionado en reiteradas ocasiones para “firmar la orden de salida voluntaria, pero no lo hace porque quiere estar con su familia”.

También manifestó que junto a él tienen cuatro hijos estadounidenses: tres con necesidades especiales. «Tenemos cuatro niños: Una niña de 12 años, otro autista de 8, otro con depresión e intento de suicidio de 11, y la más pequeña de 7, que requiere cuidados».

Hay que sumarle a la declaración de la migrante hondureña, que ella también pertenece a la misma protección que su esposo. Y también teme que cuando se presente a la próxima cita la detengan para deportarla.

Antecedente

La pareja de reside en EEUU, país con políticas antiinmigrantes dictadas especialmente por Donald Trump, desde el 2004.

Milagro contó a Univisión Noticias que en el 2011, el día que cumplía años una de sus hijas, junto a su esposo fueron detenidos cuando venían de la iglesia. Los liberaron, mientras continuaban los casos sobre la posible deportación.

Detalle

La medida de protección que tiene la hondureña y su cónyuge se debilitó el 18 de mayo de 2018. Esto fue porque el entonces fiscal general, Jeff Sessions, dispuso que la práctica del “cierre administrativo”, que los jueces hacen desde 1980, carece de base legal.

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