SAN PEDRO SULA, CORTÉS. El sub-secretario de Seguridad, Luis Suazo, uno de los hombres de confianza del presidente Juan Orlando Hernández, admitió que en el año 2015 el Gobierno no respetó la presunción de inocencia de Yani Rosenthal Hidalgo.
El comentario del funcionario surgió luego de decir que el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Antonio «Tony» Hernández, «tiene la posibilidad de defenderse» y demostrar su inocencia. Lo anterior, pese a que Estados Unidos alega de su supuesta actividad en el narcotráfico.
«Tenemos el caso de Yani Rosenthal, todos lo vimos que fue acusado como parte de un grupo asociado criminal; pero luego que él presentó sus pruebas las cosas terminaron diferentes», dijo Suazo, admitiendo que Yani nunca cometió varios de los ilícitos que se le imputaban.
De este modo, cuando a Suazo se le consultó la razón del por qué nunca detectó la droga que, según la DEA, «Tony» movía a su antojo por el territorio nacional, dijo que al hermano del actual mandatario se le debe respetar el derecho a la presunción de inocencia.
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Doble moral
Tras la declaraciones del secretario, varios sectores afirmaron que existe «doble moral» en sus palabras, puesto que a Yani Rosenthal no le otorgaron dicho derecho y arbitrariamente incautaron sus bienes.
En ese sentido, el diputado de Libertad y Refundación (LIBRE), Jari Dixon, la Fiscalía nunca dio ni una sola muestra de investigación en torno a Tony Hernández; pero sí se “ensañó” con la familia Rosenthal, a la que despojaron de su patrimonio.
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Por su parte, el abogado de la familia Rosenthal, Marlon Duarte, afirmó que las expresiones de Suazo son “un reconocimiento tácito a la lucha que enfrentó Yani”.
“La variable aquí es que los Rosenthal formaban parte de un grupo político contrario al Gobierno; mientras que Hernández es un miembro de la familia que manda en este país”, explicó Duarte.
Además, en declaraciones anteriores, Marlon Duarte recordó que «al abogado Yani Rosenthal en ningún momento lo condenaron en Estados Unidos por tráfico de drogas. Tampoco por lavado de activos. Lo condenaron por no tener la debida diligencia en recibir capitales de personas de interés para el departamento de los Estados Unidos».
