TEGUCIGALPA. El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) denunció a través de un comunicado que la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) ya no puede seguir dirigiendo las cárceles de Honduras.
A través de un comunicado público, la organización afirma que FUSINA ya no puede estar a cargo de los centros penales, debido a los «regímenes de tortura» que existen dentro de éstos.
En tal sentido, CPTRT condena la «actitud» de los diputados del Congreso Nacional, quienes decidieron el 14 de enero darle una prórroga a la gestión de FUSINA frente a los centros carcelarios del país, la cual inició el 16 de diciembre del 2019.
«Señalamos como irresponsables a los diputados por no haber considerado que el
Estado de Honduras tiene compromisos internacionales relacionados con el
traspaso del Sistema Penitenciario ha autoridades civiles», detalla el documento.
Asimismo, el comunicado afirma que las prórrogas se consideran una acción «extremadamente grave» por parte de los organismos internacionales porque la gestión de los militares ha sido incapaz de crear valor en beneficio de los privados de libertad.
Lea además: CN aprueba ascensos de agentes de la Policía y las FFAA
Continúa el hacinamiento
El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares señala que en los centros penales del país todavía no se ha dado una reducción real de la población carcelaria y del hacinamiento.
«Solo para un ejemplo, en la Penitenciaria de Tamara la sobrepoblación es del 9 8%», afirma la organización.
Además de eso, la organización dice en el comunicado que no hay acceso digno a la salud y solo cinco centros penales tienen un cuadro básico de medicina.
Por otro lado, el documento detalla que al menos 54 personas privadas de libertad perdieron la vida y múltiples han resultado con lesiones corporales desde diciembre del 2019.
Existen pruebas de las torturas
El comunicado ejemplifica que una prueba de las torturas a lo interno de los centros penales es que el Director de la Penitenciaria Marco Aurelio Soto atacó a un privado de libertad causándole severas fracturas en su cuerpo.
Por lo anterior, CPTRT espera que el nuevo Congreso Nacional que quedó integrado por «personas respetuosas de la ley y del del cumplimiento de los acuerdos, convenciones, tratados y reglas existentes para el tratamiento de las personas privadas de libertad», pueda anular el decreto.
«Los militares, bajo ninguna circunstancia en un gobierno democrático, como se
espera que sea el que presida Xiomara Castro, se les debe encomendar la gestión
de una institución para la cual no tienen absolutamente ninguna formación», destaca el comunicado.
Por último, recomienda que es de alta prioridad que las cárceles se sometan a una auditoría institucional que permita al pueblo conocer si se han cometido o no actos de corrupción en la gestión de FUSINA.
Nota para nuestros lectores:
? Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly/2Z2UF3j.
