TEGUCIGALPA, HONDURAS. Gabriel Rubí, excomisionado de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales (COPECO), brindó declaraciones la tarde de este jueves sobre la acusación que hace en su contra el Ministerio Público (MP) por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Tras su llegada a los Tribunales Anticorrupción de Tegucigalpa, Rubí fue abordado e interrogado por periodistas de medios locales. «Nosotros venimos a que nos digan qué es lo que está pasando y a ver qué documentación vamos a presentar», comenzó diciendo.
En su intervención, el exfuncionario también aseguró que no estaba enterado, a ciencia cierta, sobre lo que el MP le imputa, sin embargo, dijo que él ya dio declaraciones en momentos anteriores. «Vamos a conocer qué nos están diciendo», reiteró.
Sobre el allanamiento a su casa de habitación en El Progreso, Yoro, el excomisionado de COPECO indicó que su esposa, voluntariamente, permitió que los agentes policiales entraran sin ningún problema.
Ante la interrogante de si hubo mal manejo de los recursos durante su gestión en la pandemia, Rubí señaló que «en emergencias como esa cualquier cosa puede pasar porque nadie estaba preparado».
«Vamos avanzar en eso. Los fiscales no preguntan, solo investigan y nosotros contestamos», concluyó.
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Acusación contra exministro de COPECO
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Publica (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) solicitaron mediante requerimiento fiscal orden de captura contra Gabriel Rubí.
En la misma acción incluyen a Gustavo Adolfo Cruz Gómez, exsubcomisionado de COPECO, y Cristian Elías Santeli, exadministrador. A ellos se les supone responsables como autores directos de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
La acción penal se interpuso en el Circuito de Juzgados Anticorrupción. En ella se establece que los exfuncionarios en el marco de un decreto de emergencia el 10 de febrero del año 2020, solicitaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Cardiopulmonar.
Según la investigación, el triaje no lo solicitaron las autoridades hospitalarias. Sin embargo, se suscribió un contrato por más de 4 millones de lempiras con una empresa constructora. Por tanto, se estima una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
La obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud. Además se omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos en donde se busca eficiencia y transparencia en busca de mejores costos y calidad.
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