Por Ernesto Selman, Vicepresidente Ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).
Tomado de: Fundación Eléutera
Introducción
En distintos ámbitos se argumenta que en políticas públicas se presentan grandes fluctuaciones a distintos polos, haciendo analogías del péndulo de un reloj. Mientras en unos momentos se adoptan políticas intervencionistas donde el Estado juega un papel importante en la economía, en otros momentos se adoptan políticas de mercado que permiten a los ciudadanos trabajar, consumir, ahorrar, invertir y producir con mayor grado de libertad. Luego de la crisis de deuda de los años 80 por políticas intervencionistas, en América Latina se adoptaron políticas públicas mas conducente a la libertad económica en los años 90 que mejoraron el desempeño económico. Sin embargo, esas políticas no terminaron de rendir los frutos esperados en términos de calidad de vida porque el orden institucional en la mayoría de los países era débil; la discrecionalidad, privilegios, la corrupción y sistemas judiciales ineficientes no se superaron.
Desde principios del milenio la reacción de políticas públicas con poblaciones latinoamericanas insatisfechas y clases políticas con ambiciones de poder no se hicieron esperar para volver a adoptar la vieja receta populista y clientelista. El crédito fácil y barato con altos precios de los commodities facilitaron la adopción de esas políticas. La idea detrás de ello es que la acción activa del Estado en términos económicos puede reducir la pobreza y la inequidad a través de la redistribución de las riquezas. Lamentablemente, esto nunca se traduce a la realidad y con el cambio del entorno internacional, se ha puesto en evidencia la insostenibilidad de las políticas populistas y clientelistas.
Importancia de las inversiones de capital
Diferentes economistas a través de la historia han resaltado una organización económica que sea conducente a la creación de riquezas para alcanzar mejor nivel de vida. Esto implica que las personas puedan disponer de sus vidas, propiedades y sus capacidades físicas y mentales para emprender proyectos productivos. En términos económicos, esto se traduce a que las personas puedan trabajar, invertir, producir, consumir y/o ahorrar en la manera que perciban más conveniente. A esto se agrega la capacidad de asociarse para emprender iniciativas y/o empresas con un objetivo común entre los asociados; ya sea para un beneficio económico o por altruismo.
La creación de riquezas en una economía significa que se instalan y se ponen en marcha procesos productivos que generan bienes y servicios que consumidores están dispuestos a pagar por éstos. Es ampliamente reconocido por los economistas, incluso de ideas colectivistas, que las inversiones en bienes de capital son críticas para la generación de empleo y el incremento de ingresos de las personas. Como sabemos, los bienes de capital son bienes reproducibles por el ser humano para producir otros bienes y servicios. Es decir, los bienes de capital no sirven para satisfacer directamente a consumidores, sino que sólo pueden utilizarse en procesos de producción de bienes de consumo final.
Los países con mayor nivel de ingresos y calidad de vida tienen los mayores niveles de inversión de capital por habitante, y viceversa. Por ejemplo, los surcoreanos tienen mayor nivel de ingresos que los norcoreanos porque instauraron un sistema de organización económica conducente a la inversión de capital, entre otras cosas. Y es lógico: más y mejores maquinarias y equipos requieren de más trabajadores que les operen y permiten que los trabajadores puedan producir más bienes y servicios. En el vocabulario de los economistas, un incremento en la cantidad de bienes de capital disponibles implica la generación de mayor empleo y un incremento en la productividad marginal del factor trabajo; en consecuencia, se incrementan los ingresos de los trabajadores.
Mientras muchas teorías colectivistas perciben que el capital y el trabajo son antagónicos, la realidad es que todos los factores de la producción son complementarios; sin las inversiones de capital no habría generación de empleos. La instalación y/o ampliación de nuevos procesos productivos implican, obligatoriamente, una mayor inversión en bienes de capital que, a su vez, requieren de las capacidades físicas y mentales de personas para llevar a cabo esos procesos productivos. Ahora bien, toda inversión de capital requiere que haya un ahorro previo.
El caso de la República Dominicana
Los niveles de ingresos de los dominicanos refleja que todavía el sistema económico no es conducente a niveles de inversión de capital que generen los empleos suficientes ni la productividad de países con altos ingresos. El orden institucional y las políticas públicas todavía no brindan las garantías para atraer las inversiones suficientes para hacer la diferencia en términos de calidad de vida. Esta es una realidad que se vive en toda América Latina en mayor o menor grado, aunque Chile fue la excepción durante los últimos 30 años.
Por otro lado, el ahorro interno del sector privado no ha podido traducirse a nuevos proyectos de inversión. La mayor fuente de ahorro en la República Dominicana proviene de las cuentas de capitalización individual de los trabajadores. Lamentablemente, la mayor parte de esos ahorros se están destinando a financiar déficit fiscales y cuasi-fiscales del gobierno dominicano y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), respectivamente. Pero, aún fuese posible traducir todo el ahorro interno en inversión, todavía el nivel de inversiones sería limitado para que los ingresos reales de los dominicanos sean similares a los de países con altos niveles de ingreso por habitante.
En consecuencia, la República Dominicana requiere de inversión extranjera directa que provenga de ahorros en el exterior. Sin embargo, esa inversión extranjera directa solamente se dirigen a países con clima de negocios que brindan cierta certidumbre sobre el futuro. Para ello es imprescindible marcos institucionales sólidos y políticas públicas que garanticen cierta libertad para trabajar, consumir, ahorrar, invertir, producir y disponer de las ganancias alcanzadas o asumir las pérdidas en que se incurran.
Conclusión
Un sistema económico que brinde oportunidades de mejorar la calidad de vida requiere un orden institucional sólido fundamentado en un sistema jurídico accesible, independiente e imparcial que garantice los derechos de propiedad; la seguridad jurídica es clave. Además, se requieren políticas públicas y regulaciones conducentes al avance de la economía de mercado que promueva el ahorro, las inversiones y la generación de empleo y riquezas.
La política social más efectiva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es crear las condiciones para la generación de empleo y riquezas en una economía. De esta forma, los ciudadanos y sus dirigentes deben comprometerse con instituciones fuertes y políticas públicas conducentes a la inversión de capital. Las políticas intervencionistas basadas en el populismo y el clientelismo siempre terminan perjudicando a quienes buscaban ayudar, dado que siempre han demostrado ser insostenibles en el tiempo.
