TEGUCIGALPA, HONDURAS. El abogado penalista Ramón Barrios llamó «delincuentes» a los diputados que emitieron el Decreto Legislativo 252-2013 por medio del cual se aprobó el proceso de concesión del proyecto minero ASP y ASP 1 y que desencadenó el conflicto en El Guapinol y zonas aledañas.
“Resulta que los delincuentes que emitieron este decreto, que violaron el proceso legislativo, y lo digo así y asumo las consecuencias, los delincuentes que concesionaron primeramente esta parte de la tierra y después la quitaron, fueron los que hoy están criminalizando a los compañeros”, expresó el miembro de la Coalición Contra la Impunidad (CCI).
El proyecto está en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez.
Cabe recordar que el Congreso Nacional (CN) declaró la montaña Botaderos como un área protegida en agosto de 2012. En aquel entonces, esta zona tenía 23,223. Pero un año después los diputados modificaron lo que habían aprobado.
En diciembre de 2013, el diputado del Partido Nacional por el departamento de Colón, Ricardo Díaz, introdujo un proyecto para reformar el Decreto que contiene la declaratoria del Parque Nacional Montaña de Botaderos como área protegida. Esto fue presentado bajo la necesidad de ampliar la zona de amortiguamiento.
Sin embargo, con ese decreto le quitaron 217.34 hectáreas a la zona núcleo del área protegida y se redujo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir 217.34 hectáreas menos. Esas hectáreas fueron entregadas al proyecto minero ASP y ASP 1.
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Recurso de inconstitucionalidad
Los abogados de la Coalición Contra la Impunidad (CCI), que defienden a los 13 ciudadanos en prisión por aponer al proyecto minero de Inversiones Pinares aseguraron que los diputados cometieron fraude legislativo al aprobar el Decreto Legislativo 252 – 2013.
En ese sentido, la CCI, actuando en nombre del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, presentó este lunes ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucional contra el decreto antes mencionado.
De acuerdo los especialistas de derecho, el proceso no debería tardar más de un mes y medio.
Actualmente, trece personas guardan prisión: 12 hombres y una mujer. Estas personas están organizadas alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Los acusaron por los delitos de privación injusta de la libertad, robo, incendio agravado y asociación ilícita.
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