Inteligencia del Estado los quiere matar, denuncian abogados de Honduras

TEGUCIGALPA. – Reconocidos abogados criminalistas de Honduras han denunciado un plan para «eliminarlos».

Esta grave denuncia fue presentada esta mañana en Tegucigalpa por el conocido abogado Marlón Duarte.

Duarte dijo tener información de buena fuente que una Comisión de Inteligencia del Estado tienen planificado el asesinato de reconocidos profesionales del derecho.

En la «Lista de sentenciados» está además de Duarte, los abogados Oscar Adán Cálix, Martín Burdet. También Reynaldo Barahona, todos penalistas.

El grupo de abogados ya presentó la denuncia respectiva al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

“Las amenazas son por parte de cuerpos de inteligencia que no están contentos con el trabajo que como profesionales del derecho desempeñamos”, dijo Duarte.

“En mi caso he denunciado la destrucción sistemática del patrimonio de la familia Rosenthal. También he criticado la mala investigación en crímenes de alto impacto. Igualmente he sido fuerte crítico de la solicitud para que imputados sean llevados hacia El Pozo (cárcel de máxima seguridad). Esto bajo razones eminentemente políticas”, citó.

“Las actuaciones como abogados penalistas no están al margen de la ley. Ofrecemos un trabajo bajo el entendido que en Honduras toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Si nos van a perseguir por nuestro trabajo realmente esto pone en precario la figura del país a nivel internacional”, advirtió.

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El reconocido profesional del derecho insistió que sus fuentes le aseguraron de la creación de“una Comisión de Inteligencia y me tienen en la lista a mí y otros colegas como que tienen que matarnos”.

NADIE ESTA A SALVO

En Honduras han estado bajo amenazas hasta los propios fiscales del Ministerio Público. Esta semana el abogado Randy Mejía, fiscal ambiental del Ministerio Público, decidió dejar Honduras.

Mejía, Fiscal en Tela, que sufrió un atentado el 20 de enero. Varios individuos en motocicleta tirotearon su vehículo.

Ante tal situación, las autoridades hondureñas fueron incapaces de protegerlo, por lo que tomó la decisión de dejar el país.

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El pasado 23 de agosto de 2016 un grupo de abogados exigió seguridad y la investigación de los más de 100 profesionales del derecho que han sido asesinados en los últimos años.

La protesta la realizaron en las afueras de los Juzgados de Tegucigalpa, capital de Honduras..