Cortés, Honduras. Este día el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, seguía hoy con la audiencia de extradición que inició ayer, pero repentinamente fue suspendida por el gobierno de Estados Unidos en los juzgados de San Pedro Sula.
En ese sentido, la cancelación temporal se dio porque dicho gobierno solicitó más tiempo para presentar pruebas, según lo confirmó el abogado defensor Roberto Talavera.
Por lo que argumentó: «Estados Unidos solicitó la suspensión de la audiencia ya que no presentó los medios de pruebas idóneos para sustentar la solicitud de extradición».
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«A mi defendido en nuestro país ya se le acusó por los delitos de narcotráfico, de los cuales ya fue absuelto», agregó. También especificó que de conformidad al artículo 95 de la Constitución de Honduras, «no puede ser juzgado nuevamente en Estados Unidos por esos mismos delitos».
El objetivo de la audiencia era para verificar que se cumplan los requisitos para proceder o no a la entrega, basándose en el Tratado de Extradición Bilateral entre Honduras y los Estados Unidos.
Por consiguiente, se reanudará el 22 de mayo a las 10:00 de la mañana, donde se definirá si extraditan o no a Urbina Soto, a quien se le acusa de introducir droga a Estados Unidos.
Datos importantes
En septiembre de 2018, jueces de la Corte de Apelaciones en materia anticorrupción ratificaron el auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva contra Arnaldo Urbina.
También contra varios exempleados de la comuna yoreña, señalados por actos irregulares.
Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público (MP), explicó que los delitos que se le imputan a Urbina Soto son: abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Hay que destacar que la defensa pretendió desvanecer esos ilícitos. Lo hizo mediante la presentación de un recurso de apelación. Sin embargo, dicho recurso fue declarado sin lugar.
En la primera audiencia del proceso de extradición un juez le dictó prisión preventiva, por lo que fue enviado al centro penal de El Progreso, donde ha estado preso por blanqueo de dinero.
Además, en julio de 2018 fue señalado en un caso de presunta corrupción que involucra a diputados del Parlamento hondureño.
