¡Irrespeto total! A dos días de que un juez ordenara liberar a los 12 implicados en el caso Guapinol, después de dictar sobreseimiento definitivo, las autoridades del centro penitenciario de Támara se niegan a dejarlos salir.
El abogado de los defensores de la comunidad de Guapinol, Omar Menjívar Rosales, en una publicación en su perfil personal de Facebook, dio a conocer la injusta situación que afecta a los 12 ciudadanos que estaban implicados:
- Marco Tulio Ramos
- Reynaldo Domínguez Ramos
- Juan Antonio López
- José Eugenio Esquivel Villeda
- Juventino Cruz Hernández
- Ally Magdaleno Domínguez Ramos
- Juan Manuel Cruz Hernández
- Juan Francisco Cruz García
- José Santos Hernández
- Carlos Leonel George George
- José Adalid Cedillo Mendoza
- Lourdes Elizabeth Gómez Rodas
«Si la injusticia se activa, es pronta, feroz y expedita contra los pobres, pero si acaso se asoma una gota de justicia, el sistema la retarda y prolonga la angustia del pobre.
Desde anteayer, un juez ordenó la libertad definitiva de los defensores de Guapinol y el centro penitenciario aún no cumple y hace efectiva esa orden», escribió Menjívar.
Cabe destacar que a los 12 defensores los señalaban por los delitos de asociación ilícita, privación injusta de la liberta, robo agravado, usurpación y incendio. A medida que avanzaba el juicio se descartaban las acusaciones.
En la última sesión se descartaron los delitos de asociación ilícita, incendio agravado y robo pero el juez dictó sobreseimiento definitivo a altas horas de la noche del domingo, 3 de marzo de 2019.
Dos días pasaron y las autoridades de Támara no aprueban su orden de salida. Conocedores de la materia legal aseguraron que este caso ya se tornó «detención ilegal».
Caso Guapinol
El caso Guapinol surge luego de que un grupo de 32 ciudadanos de Tocoa, Colón, se opusieron a que la empresa Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez, extrajera óxido de hierro de la minera ubicada en el sector del río Guapinol.
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Los pobladores del sector se oponen al proyecto minero porque provoca graves daños a los ríos San Pedro y Guapinol y, como consecuencia, la calidad de vida de los lugareños.
La resistencia a ese proyecto ha dejado unas 4 personas asesinadas y persecución a líderes
comunitarios. Además de 32 requerimientos fiscales, personas detenidas arbitrariamente, amenazas a muerte, campañas mediáticas de desprestigio y desplazamientos de familias.
