Tegucigalpa, Honduras. La jueza de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Consuelo Guzmán determinó dejar en libertad a los cinco diputados acusados por malversar fondos públicos. Además se aplicó medidas sustitutivas en la que destacan no salir del país y suspensión de sus cargos en el Congreso Nacional.
Los congresistas son acusados por la Misión de Apoyo en Contra de la Impunidad en Honduras (Maccih), el Ministerio Público (MP) y la Organización de Estados Americanos (OEA) de apropiación de los fondos del Estados y abuso de Autoridad.
El caso, conocido como «La Red de Diputados» involucra a los diputados Augusto Cruz Asensio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Sánchez y Eleázar Juárez.
Los señalados tendrán que firmar los viernes de cada semana en los juzgados departamentales a su criterio.
Durante la audiencia de declaración de imputado la defensa se mostró conformé, por lo que no se presentó ningún recurso. La audiencia inicial se estableció para el 11 de enero del 2018.
Según una investigación de la Maccih, los diputados solicitaban fondos al poder Ejecutivo. Estos eran entregados a una Organización No Gubernamental (ONG), la cual los enviaba a los políticos acusados.
Los políticos recibieron al menos 15 cheques desde la cuenta de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras, la cual recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas en diciembre de 2015, según un comunicado del MP.
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Medidas sustitutivas a diputados en Honduras
Por su parte, el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte argumentó sobre la resolución aplicada a los parlamentarios. «Se les aplicó seis medidas en total, aprobadas por la defensa técnica».
Asimismo, indicó que la medidas mencionadas se les impuso a los miembros de las ONG. «Igualmente fue para ellos las medidas que han sido señaladas».
Entre tanto, Eliazar Juárez manifestó que «con mucho orgullo he trabajado por mi departamento. Hemos seguido las vías legales, ese dinero fue para las obras sociales de las que yo realicé en mi departamento».
«No es ningún delito que los diputados gestionemos fondos para nuestros departamentos, siempre y cuando se haga la liquidación como lo hemos hecho nosotros», enfatizó.
