TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado del Partido Nacional Karlo Villatoro presentó ayer ante el pleno del Congreso Nacional un anteproyecto de ley para que se penalice a las personas que divulguen fotos intimas e inapropiadas, más conocidas popularmente como «packs», sin ninguna autorización de la persona que figura en las imágenes.
Villatoro expresó que su iniciativa establecerá una pena de cuatro a siete años de prisión a los señalados por dicha acción.
A través de medios locales, indicó que compartir las imágenes íntimas en redes sociales puede tener dos agravantes:
- Si las fotos que se envían son de la expareja sentimental
- Cuando se trate de menores de edad y personas con capacidades especiales
“Hay gente que monetiza esto y lo vuelve un delito más de delicado. Es importante dejar el tema cerrado y por sentado, aprovechado la celebración internacional de la lucha contra la violencia contra la mujer. ¿Cuantos casos hemos escuchados de jóvenes que llegan al suicidio por ese tipo de cosas? Creo que es importante empezar actuar como Congreso”, manifestó el parlamentario.
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Proyecto «anti-packs» es para igualdad de género
Aseguró que el proyecto es en igualdad de género, pero dijo que saben que quien sufre más ese tipo de violencia actualmente es la mujer.
Por otro lado, el legislador nacionalista presentó otro proyecto de ley encaminado a que a partir del 2020, tanto el Gobierno como la empresa privada, en el 30% de sus planillas sean contrataciones con personal de 35 a 55 años.
“Miramos con injusticia como discriminan a la gente porque tiene 45, 50 y 53 años. Es gente que aún está fuerte que puede trabajar y que le puede dar mucho al país”, afirmó el congresista.
Cabe señalar que el nuevo código penal que entrará en vigencia el próximo 10 de mayo del 2020 ya contempla una pena de hasta cinco años de cárcel para las personas que cometan delitos informáticos o ciber-delitos.
La polémica normativa penal que estará en vigor ofrece protección a la seguridad informática y, en particular, a la confidencialidad e integridad de los sistemas informáticos como dispositivos contenedores de información sensible para la intimidad, el honor o el patrimonio, de las personas naturales y jurídicas.
