TEGUCIGALPA, HONDURAS. No se descarta que el Ministerio Público (MP) solicite aseguramiento de bienes a los cuatro imputados en el caso del millonario fraude en la compra de carpas móviles.
Se trata del exsecretario de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), Gabriel Rubí y del exsubsecretario de Salud, Nery Cerrato.
También figura el exadministrador de COPECO, Cristian Elías Santeli Chavarría y la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Luz Romero Majano.
Así lo confirmó el portavoz del MP, Carlos Morazán, quien recordó que solo a uno de los implicados, que es Axel López, se le aseguraron más de cien millones de lempiras que tenía en el sistema financiero de Estados Unidos.
Según Morazán, bajo esa premisa no se puede descartar asegurar sus bienes a los funcionarios corruptos.
«Una cosa son los procesos contra las personas y otros los de privación de dominio de origen ilícito», explicó el vocero.
De acuerdo con Carlos Morazán, a Gabriel Rubí y a Santeli se les acusa de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Mientras que, a Nery Cerrato se le imputa el delito de falsificación de documentos públicos. Por su parte, a la empresaria, el MP la acusa de fraude a título de cooperador necesaria.
Hoy, el Juzgado Anticorrupción recibió un requerimiento fiscal donde se solicitó la orden de captura contra las personas antes mencionadas.
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Investigaciones
El caso se relaciona a la suscripción de un contrato para la compra de un hospital móvil y unidad de aislamiento para el combate al COVID-19 en Villanueva, Cortés.
Para ese fin, se erogaron casi seis millones de lempiras, pero lo que se instaló nada más fue una carpa que no cumplía ni los requisitos básicos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia, según denuncias.
El MP indicó que los encausados se coludieron para defraudar las arcas públicas y beneficiar a la empresa que entregó toldos y camillas de campamento.
Las investigaciones establecen que el 28 de febrero de 2020, Nery Cerrato, actuando como coordinador del Comité Técnico Científico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), comenzó con Gabriel Rubí, la solicitud de la adquisición del hospital y salas de aislamiento móviles.
En consecuencia, alteró documentación y violentó una serie de procedimientos y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos días.
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