Narcocorrupción: EEUU analiza limitar la asistencia a CA

 Por Héctor Silva Avalos, desde Washington-
10 de julio de 2016.-
Fuente: INFOBE

EEUU-Marco Rubio no se fue por las ramas. En una audiencia realizada la semana pasada en el Congreso estadounidense el senador republicano por la Florida soltó la bomba: acusó a José Luis Merino, uno de los hombres más poderosos del gobernante partido FMLN de El Salvador, de ser uno de los jugadores más relevantes en el tráfico de armas y el lavado regional de dinero vinculado al crimen organizado.

«Aquí tienen a la mano derecha del presidente de El Salvador, José Luis Merino, que es un lavador de dinero de clase mundial, traficante de armas ligado a las FARC y a funcionarios venezolanos corruptos. ¿Por qué este tipo no ha sido sancionado?», se preguntó Rubio durante una audiencia especial en el que los senadores oyeron testimonios sobre la corrupción en el mundo y el rol de Estados Unidos en su combate.

A partir de las acusaciones hechas por Rubio, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, dijo a periodistas que reabrirá investigaciones a Merino por «asuntos relacionados a drogas y armas».

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Merino es un ex comandante del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), convertido en partido político tras los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña en 1992 y en el gobierno desde 2009. En la política de El Salvador, Merino es también conocido con su alias de guerra: comandante Ramiro Vásquez.

Tras las declaraciones de Rubio, el FMLN emitió un comunicado de prensaen el que calificó de calumnias las declaraciones del senador y las atribuyó a sus «conexiones» con movimientos anticastristas en Miami.

El «comandante Ramiro» es uno de los tres hombres más poderosos en el FMLN. Merino, el Presidente de la República (el también ex comandante Salvador Sánchez Cerén) y Medardo González, coordinador general del partido, son los tres miembros más importante de la comisión política del partido, el máximo organismo de dirección a nivel nacional. Merino es, además, diputado del Parlamento Centroamericano, lo cual le confiere inmunidad.

Además, Merino ha sido, desde principios de la década pasada, el principal nexo del FMLN con el chavismo a través de empresas público-privadas alimentadas con dinero procedente de la industria petrolera venezolana. «Ramiro» fue, por ejemplo, uno de los arquitectos de la formación de Alba-Petróleos, empresa financiada en gran parte con dinero procedente de Venezuela y dedicada a la agricultura, la distribución de hidrocarburos y los bienes raíces en El Salvador.

Alba Petróleos nunca ha sido investigada formalmente por lavado de dinero o delitos con el crimen organizado. Sobre Merino, sin embargo, pesan investigaciones desde 2006, cuando su nombre apareció en la laptop de Raúl Reyes, ex jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asesinado en 2008.

Tras un operativo militar en la selva ecuatoriana, en el que Reyes resultó muerto, el ejército colombiano decomisó computadores portátiles del que extrajeron miles de correos que Reyes y otros altos miembros de la FARC intercambiaron con funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y otros aliados del chavismo en Centroamérica, como Merino.

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En muchos de esos correos había detalles de rutas de tráfico de drogas y armas utilizados por las FARC en territorio venezolano, pero también evidencia de que Merino habría participado en al menos dos operaciones para mover armas de las FARC por Centroamérica.

Un año después del decomiso de aquellos correos, un golpe de Estado en Honduras, vecino de El Salvador, arrojó más información sobre esas rutas de tráfico a las que el 29 de junio pasado se refirió el senador Rubio en Washington.

La Venezuela chavista y la ruta centroamericana

La madrugada del 28 de junio de 2009, un grupo de militares uniformados sacó de su casa a Manuel Zelaya, entonces presidente constitucional de Honduras. Lo subieron en un avión y lo mandaron a Costa Rica. El golpe fue el episodio más importante de una crisis política que enfrentó a Zelaya, cercano al chavismo, con una oposición de ultraderecha que quería impedir a toda costa que el presidente reformara la Constitución para abrirse paso a la reelección, prohibida en Honduras.

Lo que siguió al golpe fue una crisis institucional que dejó al descubierto cómo Honduras se había convertido, desde 2008, en uno de los principales puentes de droga procedente de los territorios productores en Colombia y embarcados vía aérea en Venezuela en su ruta hacia el Norte.

Informes del Departamento de Estado (DoS, según su sigla en inglés) en Washington indican que, de 2009 hasta al menos 2013, entre el 85% y el 90% de la cocaína consumida en Estados Unidos pasó por el corredor centroamericano. Un análisis publicado por el DoS en 2011 indica que cerca del 80% de esa droga procedía de puntos de origen en Venezuela y recalaba en pistas clandestinas en Honduras.

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A partir de 2013, debido entre otras cosas a la reapertura de rutas en el Caribe y al derribo de narco-aviones en las selvas hondureñas, según analistas consultados en Washington, la ruta centroamericana dejó de ser tan traficada. Pero siguió abierta.

Los puntos de origen de los vuelos, como sea, siguen siendo los mismos según los reportes de DoS: Colombia y Venezuela, donde una de las zonas más calientes es el sureño estado de Apure.

En 2014, el diario ABC de España, citando fuentes del gobierno estadounidense, publicó un artículo en el que relacionaba a José Luis Merino con un el jet privado matrícula estadounidense N769M, el cual según reportes oficiales consultados por Infobae en Washington ha volado al menos dos veces a las zonas de Apure conocidas por ser puntos de origen de narco aviones.

En su alocución en el senado el 29 de junio pasado, el senador Marco Rubio señaló, además de a Merino, a varios funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.
«En Venezuela, de acuerdo a varios reportes y fuentes, todo el mundo lo sabe, (funcionarios del régimen) son traficantes de cocaína, lavadores de dinero… Por ejemplo, Diosdado Cabello, uno de los líderes del partido de Maduro… y docenas de funcionarios de seguridad y de líderes políticos están siendo investigados por esto», dijo Rubio.

Un asistente legislativo consultado por Infobae en el Senado aseguró que las palabras de Rubio no solo vuelven a poner en el tapete de la discusión política en Washington el tema de la ruta centroamericana y de la infiltración del narco en gobiernos de la región, sino que esta discusión ocurre en momentos en que la Cámara Alta se dispone a estudiar candados anti-corrupción para las ayudas humanitarias designadas al llamado Triángulo Norte de Centro América: Honduras, El Salvador y Guatemala.

«Ya antes hemos oído estas acusaciones, pero hoy se dan en momentos en que el Congreso está pensando mucho cómo va a condicionar la ayuda a Centroamérica, sobre todo debido a este tipo de señalamientos de corrupción. Hay mucha presión porque el dinero de los contribuyentes se use bien», aseguró la fuente, que habló con condición de anonimato.
Otra sombra sobre el Triángulo Norte centroamericano

No son muchos los senadores y miembros de la Cámara Baja que han puesto atención especial a Centroamérica desde que los conflictos internos de esos países terminaron a principios de los 90. No obstante, la llegada de decenas de miles de menores indocumentados a la frontera sur de los Estados Unidos, empujados en gran medida por las condiciones de violencia en el llamado Triángulo Norte, ha vuelto a encender las alarmas.

El año pasado, la administración de Barack Obama pidió mil millones de dólares para Centroamérica y, a principios de 2016, la Cámara Baja aprobó $750 millones. En estos momentos, el Senado revisa la propuesta de la Cámara para, de acuerdo a las fuentes consultadas en el Capitolio,endurecer los candados anticorrupción y el desembolso de los fondos.

La semana pasada, de hecho, el senador por Nevada Harry Reid, líder de la minoría demócrata, introdujo una propuesta de legislación que endurecería los requisitos y los ataría a las acciones de los gobiernos centroamericanoscontra funcionarios y particulares que, como José Luis Merino, son acusados o investigados por narcotráfico.

Reid propone ampliar las sanciones financieras contempladas en la «Estrategia para el Combate al Crimen Organizado Transnacional» que Obama publicó en julio de 2015, destinada a combatir «redes de tráfico de drogas, pandillas criminales armadas y lavado de dinero».
Los objetivos de esas sanciones serían «personas que apoyan a traficantes, organizaciones y redes presentes en Centroamérica y el Caribe».

Marco Rubio, que dijo de José Luis Merino que es «lavador de dinero» y «traficante de armas», es uno de los senadores que se dispone a estudiar en el Comité de Exteriores del Senado, del que es miembro, las propuestas de asignaciones de fondos para Centroamérica.

INFOBE: http://www.infobae.com/america/eeuu/2016/07/10/narcocorrupcion-estados-unidos-analiza-limitar-la-asistencia-a-centroamerica/