Tegucigalpa, Honduras. El designado presidencial, Salvador Nasralla, señaló que los contratos que recientemente aprobó el Congreso Nacional a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tienen que ser investigados.
En ese sentido, indicó que estos contratos «son compromisos que estableció el Congreso anterior. Algunos sí se justifican, otros son para reírse», expresó.
Asimismo, solicitó que deduzcan responsabilidades a quienes aprobaron tales convenios de la estatal eléctrica. «Obviamente que se tiene que deducir responsabilidades, por eso les digo que necesitamos un gobierno técnico». Lo anterior, con el fin de que «pueda evaluar lo que hicieron estos otros ladrones en el gobierno pasado», expresó.
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¿Aprobación obligatoria?
Nasralla comentó, además, que el actual Gobierno estaría obligado a aprobar los contratos «porque si no los aprueba es objeto de demanda, porque eso lo contrató el gobierno anterior», dijo Nasralla.
Por otra parte, refirió que se suscribieron muchos contratos innecesarios y por sumas millonarias. «Un montón de ladrones que firmaron un montón de cosas y contrataron un montón de cosas por 40, 60, 100 mil, un millón y hasta tres millones. No ponen gente capaz a cargo de la ENEE porque, si yo soy capaz, sé a quien tengo que contratar», agregó.
Según se informó, los convenios estarían valorados en unos 360 millones de dólares, y están relacionados con el suministro de bienes y servicios. Además, se dijo que con estos se lograría una modernización de la estatal.
Contratos de la ENEE aprobados
El pasado 23 de noviembre, el Congreso Nacional aprobó 23 contratos para servicios de consultoría individual y técnica, suministro de bienes, auditorías y construcción de proyectos para modernizar la ENEE.
Según las informaciones el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el monto de préstamos es por 360 millones de dólares.
Por su parte, el presidente de CN, Luis Redondo, dijo que algunos de esos contratos ya se ejecutaron o se están ejecutando. También mencionó que estos convenios traspasan el período de gobierno (desde 2010).
No obstante, indicó que se sometieron a votación «para cumplir con la parte constitucional y evitar demandas y otros trámites que incluyan la cláusula de integridad», finalizó.
