TEGUCIGALPA,HONDURAS.- La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), ha dejado más resultados negativos que positivos al país, porque en los últimos años ha sido un ente marcado por mala administración y la destrucción de los bienes que mantiene en su poder.
Así lo constatan las decenas de denuncias que recaen sobre esa institución y que varios sectores de la sociedad hondureña piden que se investiguen.
Desde el 2019, la OABI inició a demarcar su camino de mala reputación. Esa entidad pública se plagó de situaciones irregulares que hasta la fecha ponen en duda su credibilidad y función. Algunos entendidos en tema aseguran que la OABI es un «elefante blanco», nido de la corrupción nacional.
A continuación presentamos un recuento de los hechos y denuncias que marcan la deplorable funcionalidad de la OABI.
La denuncia más reciente es la acusación que hizo la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) contra del exdirector ejecutivo de esa institución, Francisco Ernesto Ruíz Nieto.
Contra él, la FETCCOP presentó requerimiento fiscal por el manejo irregular de un lote millonario de 136 joyas y 258 relojes que se incautaron en 2017 en El Progreso, Yoro, durante la «Operación Emperador».
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Denuncias contra la OABI a flor de piel
Sin embargo, situaciones como la anteriormente mencionada se intensificaron en los años anteriores de la OABI. Por ejemplo, en enero de 2019, más de 10 vehículos bajo la administración de esa institución se redujeron a cenizas luego de que se produjera un incendio en el predio donde se encontraban.
José Luis Andino, director de la OABI, dijo en su momento, que los carros destruidos pertenecían al caso Avalancha y otros.
En febrero de ese mismo año, un juez dictó auto de formal procesamiento contra el exdirector de la OABI, Omar Humberto Zúniga. Eso se debió a presuntas irregularidades en el alquiler de bienes inmuebles confiscados durante su administración.
Por esa razón, a Zúniga lo acusaron del delito de abuso de autoridad y el caso era en relación a subasta anticipada y subvaluada de semovientes en Esparta, Atlántida, Caribe de Honduras.
Del mismo modo, el 26 de febrero, el abogado Carlos Chajtur, denunció que un «desastre» en la OABI generó que muchos bienes no aparecieran porque se los habían consumido.
El togado reveló que, «en la OABI varios bienes se adjudicaron a personas con vínculos con el poder por precios irrisorios. Bienes muy valiosos. El ganado de raza que está en fincas de políticos. Hay bienes inmuebles en playas adjudicados a políticos», denunció.
Desaparecieron caballos pura sangre
Otra de las denuncias que señalan a la OABI es la que surgió en marzo de ese mismo año sobre la desaparición de dos caballos valorados entre «20 y 45 mil dólares».
Los semovientes los habían asegurado a los dueños de las tiendas Mangy´s Store, acusados de lavado de activos. En relación al caso, un hombre publicó videos del supuesto traslado que hacía la OABI de los animales.
En la denuncia, Saira Ortíz (apoderada legal de la familia Lobo-Ortíz) dijo que los caballos eran de raza española y que la OABI se los llevó para «venderlos».
Durante ese mes, también se denunció que la OABI no devolvió unas oficinas que se ubicaban en la Torre Metrópolis de Tegucigalpa a Jorge Herrera y Óscar Laínez, conocidos como «Los Tetos», testigos en el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) porque las subastó anticipadamente.
En marzo de 2019 continuaron a flor de piel las denuncias contra la OABI, en esa ocasión eran los guardias que se encargaban de proteger al menos 400 bienes en poder de la institución.
Los cuidadores amenazaron con abandonar sus labores porque la OABI adeudaba tres meses de salario a la empresa que los contrataba.
Las denuncias por falta de pago fueron reiterativas en contra de la OABI. En diciembre de ese año, decenas de hondureños que trabajaban en el rancho Las Lomas, del municipio de Esparta protestaron en el municipio de Esparta por falta de salario y décimo cuarto mes.
«Barrida en la OABI»
En mayo de 2019 se denunció una masiva «barrida» de personal que semiparalizó a la OABI, mientras los bienes que «cuidaban» se los robaban o permanecían en el completo abandono.
Durante esa ocasión se dijo que despidieron a 20 personas de las 44 que trabajaban en la institución.
En ese momento, la OABI resguardaba más de 4.635 propiedades entre residencias, carros, barcos, aeronaves, haciendas, sociedades mercantiles y edificios.
Además, embarcaciones, armas de fuegos, vehículos automotores, furgones y remolques asegurados al crimen organizado.
Por su parte, en 2020 continuaban las denuncias contra la OABI, esta vez eran nuevamente los propietarios de Mangys Store.
En esta ocasión, Mangys Store denunció que vacas Holstein y Jersey bajo la administración de la OABI, estaban muriendo junto a sus crías a causa de la falta de concentrado.
No puso a funcionar las empresas
Sin embargo, la OABI no solo era deficiente en el manejo de ganado sino que también es incapaz de poner a funcionar las empresas que administra. En consecuencia, es una destructora de empresas y promotora del desempleo en Honduras, aseguran las denuncias.
Empleados de varias empresas incautadas en la zona norte de Honduras protestaron exigiendo a la OABI que se les permitiera regresar a sus deberes laborales o que se les genere otra fuente de trabajo.
Un ejemplo de ese caso, fueron las empresas de carga INCOBE y la gasolinera TEXACO en la carretera que conduce a La Lima. Ambas empresas las incautaron junto a varios carros y residencias en la operación Arcano el pasado 24 de noviembre.
En enero de ese mismo año, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lanzó una nueva línea de investigación contra la OABI.
En su informe, el CNA reveló un desfalco millonario en esa institución por un perjuicio de 13.2 millones de lempiras.
El informe del CNA explicó que los bienes puestos en manos de un exfuncionario, del cual obvian su nombre, demuestra la contratación de una Empresa Inmobiliaria con domicilio en San Pedro Sula. «Se encargaba de celebrar contratos de arrendamiento de los inmuebles con particulares. Dar mantenimiento y realizar el cobro de pagos mensuales en concepto de alquiler», señala el documento del CNA.
Según la línea de investigación, el implicado, en complicidad con la Empresa Inmobiliaria, se apropiaron del dinero que generaban los alquileres de los inmuebles, que habían sido incautados y están bajo la administración de la OABI.
Jugosos salarios y deuda con ENEE
En enero de ese mismo año, la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), presentaron un informe donde indicaron que la OABI adeudaba a la estatal 22 millones de lempiras.
Otras de las denuncias que estremeció a la OABI fue que mientras docenas de empleados y vigilantes de las empresas administradas por esa institución protestan para exigir el pago de su salario, los empleados de esta oficina se agencian mensualmente jugosos salarios.
Según el resumen de las planillas de la OABI del mes de diciembre de 2019, que se publicó en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), durante este mes se erogaron más de 2.6 millones de lempiras en pago a los empleados de esa institución.
En el documento se observa, que solamente el director de esta institución, Francisco Flores, se agenciaba mensualmente 80,350.36 lempiras. De este total, recibió 10,333.33 lempiras solamente en bonos y adicionalmente un salario más por el décimo tercer mes.
Además, el reporte detalló que el subdirector de esta entidad recibió durante el mes de diciembre, cerca de 150 mil lempiras. En el desglose de esta cifra, este funcionario recibió solamente en bonos 47,666.67 lempiras, misma cifra recibida por el décimo tercer mes.
Lo que más asombro causó es que a un motorista se le pagó más de L40 mil solo en diciembre. El documento revela que entre bonos y décimo tercer mes percibió 28,248.00 lempiras.
Contaminación ambiental por abandono de la OABI
La OABI si que «no pegaba ninguna», el 29 de enero de 2020 se reportó un daño ambiental provocado por el derrame de combustibles de dos buques en Roatán que estaban bajo su responsabilidad y administración.
Por ese hecho, el Ministerio Público decidió abrir un proceso investigativo. Eso se hizo con el fin de saber con exactitud qué pasó y por qué no hubo medidas de prevención.
Uno de los barcos, el más pequeño, se hundió y derramó gran cantidad de combustible en el mar del sector de «Los Fuertes», comunidad de Monte Placentero, Roatán.
La embarcación hundida y otra que está a su lado fueron identificadas con los nombres de Buque AJ TRANSPORT y Buque EMPORIO. Esos son bienes que la OABI aseguró al narcotraficante hondureño Carlos Arnaldo Lobo, mejor conocido como «el Negro Lobo».
Empresa a punto de cerrar y denuncia de Rosa Elena de Lobo
De igual forma, la empresa de Cultivos Agrícolas Las Sábilas (Cuasa) que se ubicaba en Choluteca, denunció las malas operaciones de la OABI. La empresa sostuvo que sus operaciones financieras resultaron fuertemente afectadas.
Otra de las denuncias contra la OABI es la que realizó el expresidente, Porfirio Lobo Sosa, esposo de la exprimera dama, Rosa Elena de Lobo.
El exmandatario cuestionó que a su esposa Bonilla de Lobo le aseguraron los bienes sin que el juicio en su contra concluyera. Asimismo, señaló que un exfuncionario de esa institución, que identificó como Emanuel Toscano, se había apropiado del vehículo de su representada, por lo que solicitó una investigación al respecto.
Respecto a las denuncias en contra de la OABI, el director de esa institución en aquel momento, Francisco Flores, aseguró que realizarían una solicitud de auditoria al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sin embargo, la misma jamás se efectuó.
De igual forma, las personas que resultaron afectadas exigieron respuestas pero hasta el momento no se lograron resultados concretos.
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