TEGUCIGALPA, HONDURAS. Después de las elecciones de noviembre del 2017, se registraron múltiples protestas en virtud de los resultados de las elecciones presidenciales. La respuesta por parte del Estado ante las manifestaciones resultó en graves violaciones a los derechos humanos, informó la OACNUDH.
Debido a eso, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó el informe “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos”.
En este estudio, se le hicieron una serie de recomendaciones al Estado de Honduras para reparar, y remediar violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto postelectoral de ese año.
La OACNUDH le pidió al Estado Entablar un diálogo nacional participativo con apoyo internacional, sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación.
También le hizo un llamado para garantizar el libre y seguro ejercicio del derecho a la reunión pacífica.
Hoy por la mañana la OACNUDH dijo que a dos años de estas violaciones a los derechos humanos, continúan bajo investigación, mismas que no han resultado en responsabilidad judicial de los autores y justicia para las víctimas.
Hay que recordar que dentro de estas violaciones se reportaron muertes, lesiones, detenciones masivas y desaparición forzada. Todos estos casos han sido documentados por la OACNUDH.
Asimismo, menciona «el Ministerio Público (MP), no ha tomado ninguna medida, y no se abierto ninguna investigación».
El informe establece que esto se debe a factores como la debilidad en la estrategia de investigación, y el procesamiento adoptado por el MP. Para el organismo de la ONU, esto se debe a las limitaciones internas de personal y coordinación.
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OACNUDH: Víctimas sin apoyo por parte del Estado
El informe establece que las víctimas no pudieron encontrar apoyo para acceder a la justicia. También, indica que algunas de las personas afectadas expresaron preocupaciones de seguridad para poder participar en los procesos judiciales contra los miembros de defensa y seguridad.
Además, añade que se identificó la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas (FFAA), en las investigaciones. Indica que estas fueron un obstáculo para el avance de los procesos investigativos.
En ese sentido, el informe concluyó que al día de hoy está pendiente por parte del Estado establecer instituciones, mecanismos y procedimientos que conlleven a esclarecer la verdad y procesos para buscar información de lo ocurrido después de las elecciones.
Por su parte, la representante de OACNUDH, María Soledad Paz dijo «queda pendiente el otorgamiento de una reparación adecuada para las víctimas y sus familias».
Además agregó que hacen falta la adopción de medidas necesarias para evitar la repetición de estas violaciones de derechos humanos.
Conducta de violación a los derechos humanos por parte de miembros de Defensa y Seguridad
El informe también identificó que en varios incidentes los miembros de Defensa y Seguridad violaron los derechos humanos. Sin embargo, el MP separó estos casos en vez de agruparlos para ser investigados.
La representante de OACNUDH, María Soledad Paz, dijo que «es necesario que se tomen medidas para conocer cómo se comportan las cadenas de mando, que órdenes se dan y cuáles son las brechas en las guardias de seguridad en los incidentes que se dieron y que tienen que ver con los derechos humanos».
Este escrito indica que los oficiales al mando de los militares son los responsables por los crímenes cometidos por sus subordinados.
Del mismo modo, indica que «la Policía Nacional y Policía Militar, no cuentan con las competencias para controlar manifestaciones».
Recomendaciones del OACNUDH al Estado de Honduras
Este informe concluye con una serie de recomendaciones al Estado de Honduras. Estas para la adopción de las reformas necesarias para evitar la repetición de violaciones de derecho humanos.
Del mismo modo, insta al Estado para que acelere el progreso rápido y efectivo para garantizar la responsabilidad penal y civil de los autores de violaciones a los derechos humanos.
