TEGUCIGALPA, HONDURAS. El ex candidato presidencial, Olban Valladares, propuso que se le consulte al pueblo mediante un plebiscito si está de acuerdo o no con la continuidad de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Sobre el tema, el también analista político dijo estar de acuerdo con la renovación del acuerdo de la MACCIH.
Valladares percibe que en ciertos sectores de decisión en el país no existe la voluntad. Sin embargo, aclaró que la voluntad para que continúe la MACCIH si está en el pueblo.
Respecto a la mesa de evaluación de la MACCIH instalada por el gobierno y la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex diputado dijo que “no puedo más que reírme”.
“Por qué la OEA no viene y le pregunta al pueblo qué piensa de la MACCIH. Eso debería ser objeto de un plebiscito y preguntarle a la población si está o no de acuerdo con su continuidad”, reiteró.
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“Corruptos no escoden debajo del petate el fruto de sus sinvergüenzadas”
A criterio de Valladares, los corruptos en Honduras cabalgan en el potro del cinismo. “Hoy los corruptos no escoden debajo del petate el fruto de sus sinverguenzadas, sino que se lo restriegan en la cara al pueblo. Los signos manifiestos de opulencia son tan evidentes que no dan lugar ni siquiera a concederles el beneficio de la duda”, reprochó.
Cabe señalar que el 19 de enero de 2016, el actual gobierno y la Secretaría General de la OEA firmaron un convenio para el establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
Dicho convenio, aprobado en marzo de ese mismo año por el Congreso Nacional, con una duración de cuatro años, establece que puede ser prorrogable.
En ese sentido, el convenio tiene como objetivo colaborar en la lucha contra la corrupción e impunidad en el país. Además, tiene el objetivo de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, de las instituciones del Estado. Además, de generar confianza entre gobernantes-ciudadanos.
Una de las cuatro líneas de acción del Convenio, es la prevención y combate de la corrupción. El cual comprende, acompañamiento, supervisión y colaboración activa, mediante el asesoramiento técnico, supervisión, evaluación institucional de las ejecutorias de instituciones como, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República.
