TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un total de 8 alcaldías en investigación dejó como saldo parte de la Operación Omega X, por supuestas irregularidades y delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos.
El Ministerio Público (MP) desarrolló la operación en todo el territorio nacional. Las ejecutorias las realizó la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Todas las alcaldías involucradas en las investigaciones están ubicadas en la zona norte y occidente del territorio hondureño.
Asimismo, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la ATIC decomisaron documentos en la alcaldía de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán. Allí hay supuestas contrataciones irregulares en 28 proyectos de obras públicas en el período 2014-2018.
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También se investigan irregularidades en la construcción de rotonda en la municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
Además, se decomisaron documentos en las oficinas de Catastro en la municipalidad de San Pedro Sula, por presunto fraude.
La Fiscalía, junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realiza diligencias investigativas en las municipalidades de Chinda, Concepción del Norte, Trinidad, Naranjito y Santa Bárbara, en el departamento de San Bárbara, por posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos.
Asimismo, en relación al Instituto Nacional de Pensiones y Jubilaciones (INJUPEMP), se ejecutará una investigación por apropiación indebida de dinero por parte de sus autoridades en la zona norte del país.
Otras investigaciones Operación Omega
De igual manera, en la zona sur, se realizaron indagaciones porque el personal jurídico ha perdido expedientes de casos. En la operación Omega X también se involucra la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonios. Esta interpuso una denuncia en contra de un empleado del Instituto de la Propiedad (IP) por la violación de los deberes en contra del la administración pública.
Por otro lado, el MP comunicó que la Fiscalía Especial de la Mujer presentó un total de 56 requerimientos fiscales por el delito de violación de género y abuso sexual.
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