Por: Filiberto Guevara Juárez. -Después de la Constitución Política de una República, no debe caber la menor duda que el cuerpo de leyes más importantes lo constituyen el Código Civil y el Código Penal, en los cuales se establecen por consenso del único soberano político que es y debe ser el pueblo; el sentido de justicia que emana del pacto social o contrato social establecido en la Constitución de la República, como ley o norma primaria, de la cual emanan y deben emanar todo el cuerpo de leyes, contenidos en todos los códigos y leyes, y principalmente, el Código Civil y el Código Penal con sus respectivos códigos procesales.
Si un código, no surge con apego a la norma primaria o Constitución de la República, dicho código no es legítimo, porque no habrá surgido de la voluntad general delegada en el cuerpo legislativo de la nación, es decir, de los diputados al Congreso Nacional de la República, electos por el pueblo. Si en el caso específico del nuevo Código Penal, para su elaboración y aprobación, se irrespetó la Constitución de la República, entonces ese Código Penal, surgió del vicio y no de la virtud.
Ése es el punto principal a dilucidar en el actual conflicto en medio de la pandemia del Covid-19, que vivimos lamentablemente. Si nuestra Constitución, establece claramente en el artículo 188, en su segundo párrafo, que no podrán declararse nuevos delitos ni imponerse otras penas que las ya establecidas en las leyes vigentes al declararse la restricción o suspensión de derechos, entonces, ¿por qué grupos interesados quieren que entre en vigencia el nuevo código penal?
Ya que además, el actual Código Penal, se hizo irrespetando varias veces el procedimiento legal establecido en la Ley Orgánica del Congreso Nacional de la República, tal y como en su momento, fue denunciado por el diputado Luis Redondo; entonces, ¿por qué hemos de aceptarlo como nación? Si ya se sabe doctrinariamente que: “La nación existe ante todo, es el origen de todo… antes que ella y por encima de ella sólo existe el Derecho Natural”.
Definitivamente, eso no debemos aceptarlo, porque “la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios”, y esa voluntad debe respetarse siempre, so pena de caer en anarquía, donde cada ciudadano va a querer imponer su propia ley, porque la anarquía dentro de un Estado, es lo más peligroso, debido a que cada persona se vuelve una especie de tirano en sí misma.
La voluntad general delegada en los diputados del Congreso Nacional de la República, el día 24 de junio de 2020, debe respetarse. Eso, le confiere legitimidad a lo actuado por ellos en ese memorable día.
Ellos lo que hicieron fue derogar un código penal no surgido del consenso general de la nación; sino del consenso de unas cuantas facciones de poder, que se reunieron en “cuartos oscuros” y a “espalda del pueblo”.
Así que, como la única mortaja urgente, es la mortaja de nuestros muertos en la pandemia, ese nuevo Código Penal, puede esperar a que superemos la actual crisis de salud, y, cuando ya pase todo este espinoso asunto, deberá retomarse de nuevo la discusión sobre dicho Código, para que ese cuerpo de leyes tan importante para la vida de la nación hondureña, surja del verdadero consenso de la voluntad general de nuestra nación y no de grupos interesados que tanto daño le han hecho a Honduras. ¡Basta ya! Digamos no, de una vez por todas, a ese nuevo Código Penal, de la corrupción e impunidad.
San Pedro Sula, 27 de junio, de 2020.
