Como sucede en la mayoría de casos en que evaluamos la moralidad de una acción concreta, mucho depende del contexto en que se realice la acción, sin que ello implique necesariamente una renuncia a valores morales constantes.
Por ejemplo, de la inmoralidad categórica en el hecho de quitar una vida humana por medios violentos no se deriva que la persona que le quite la vida a otra bajo el supuesto de legítima defensa ha cometido un acto inmoral. Al contrario, lejos de ser un acto inmoral prohibido por la ley, hoy se reconoce la defensa propia como un derecho básico e inalienable de todo ser humano.
Igual que la causa de legítima defensa en el homicidio, existen causas y supuestos bajo los que la evasión de impuestos deja de ser un acto legalmente reprehensible y más bien pasa a ser un acto virtuoso, de coraje, rebeldía y dignidad personal; en fin, pasa a ser un derecho de protesta que toda persona puede ejercer legítimamente. Sin embargo, para conveniencia de la clase política y el cuerpo burocrático, tales causas y supuestos no son ampliamente conocidas por la ciudadanía en general.
De hecho, existe una vasta y rica tradición de resistencia al pago de impuestos por parte de líderes defensores de derechos civiles y organizaciones como la Liga de Resistencia Fiscal de las Mujeres de 1909 cuyo eslogan “Sin voto, no hay impuestos” resumía su negativa a pagar impuestos sino hasta que el gobierno británico reconociera el derecho de las mujeres a ejercer el sufragio. Desde ya hace muchas décadas el movimiento de Resistencia a los Impuestos de Guerra en Estados Unidos abarca a cientos de ciudadanos que desde una convicción moral por la paz prefieren ser castigados por el Estado antes que financiar el asesinato de miles de personas en las intervenciones militares de su gobierno en países como Vietnam en los 60s e Iraq en los 2000s.
Sin embargo, la causa que más ha convencido a cientos de miles de personas a evadir el pago de impuestos es el deseo de prosperar, de llevar una buena vida y proteger lo propio; era el deseo de prosperar y comerciar libremente que convenció a los rebeldes de Boston a evadir los impuestos de la corona británica e inclusive a confrontar físicamente a los agentes de la corona que los persiguiesen por contrabando. Fueron las revueltas populares contra los impuestos que empobrecían las sociedades lo que llevó a la creación de la Carta Magna y encendió la llama de la Revolución Americana.
La resistencia fiscal es una forma de desobediencia civil contra gobiernos autoritarios e irrespetuosos de los derechos naturales de las personas al impedirles gozar plenamente de su vida, su libertad y su propiedad. En su popular ensayo Resistencia al Gobierno Civil (1849), también conocido como Desobediencia Civil, el abolicionista Henry David Thoreau argumentaba que el pago de impuestos era una forma en que hombres bien intencionados se convertían en agentes de la injusticia; y que, si una ley era claramente injusta, y el proceso político no ofrecía una oportunidad para remediar el mal de forma expedita, dicha ley no merece respeto y debe ser ignorada. Thoreau fue enviado a prisión por rehusarse a pagar impuestos que financiarían la guerra de los Estados Unidos contra México y que expandiría el dominio de la esclavitud sobre un mayor territorio.
En su autobiografía, el líder del movimiento por los derechos civiles afroamericano Martin Luther King escribió que fue en la resistencia fiscal de Thoreau que por primera vez conoció la teoría de resistencia no violenta “Fascinado por la idea de rehusarme a cooperar con un sistema malvado, me sentí tan profundamente conmocionado que leí su obra múltiples veces. Llegué al convencimiento que la no cooperación con la maldad es tanto una obligación moral como lo es cooperar con el bien. Las enseñanzas de Thoreau cogieron vida en nuestro movimiento por los derechos civiles; … este es el legado de la insistencia de Thoreau en que la maldad debe ser resistida y que ningún hombre moral puede acomodarse pacientemente a la injusticia”.
¿Podemos en Honduras sentirnos moralmente cómodos y tener una consciencia tranquila pagando impuestos? ¿Aun cuando más allá de sospechar, de hecho, sabemos que gran parte de ese dinero se perderá en el agigantado abismo de la corrupción pública que permea la actual y las anteriores administraciones? De acuerdo al Banco Mundial, la totalidad de los impuestos y contribuciones obligatorias en Honduras se lleva, en promedio, el 44.3% de las utilidades de una empresa. Más allá, el gasto público total del Gobierno representa alrededor del 46% del Producto Interno Bruto; es decir, casi la mitad de toda la riqueza creada por la sociedad hondureña pasa por las manos del Gobierno y ¿qué obtenemos a cambio exactamente?
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ONG Human Rights Watch destacan que Honduras tiene una de las tasas de homicidio más altas en el mundo y que el 80% de estos homicidios quedan en impunidad; al mismo tiempo que el 54% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia definitiva. El Reporte de Libertad Económica en el Mundo del Fraser Institute nos revela, además, la falta de protección a los derechos de propiedad (especialmente en el agro) y de los contratos; la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial; y la existencia de un mar de regulaciones que estrangulan nuestra economía. Si no protegen nuestros derechos ¿qué se hace con nuestro dinero entonces? El despiadado saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la declaración de secretividad sobre cómo se utilizan los fondos de la tasa de seguridad por parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (integrado por las más altas autoridades públicas), nos da una idea.
Sin cumplir con su responsabilidad más básica de proteger nuestra vida, libertad y propiedad, ¿en realidad se supone que sigamos cooperando con el Gobierno mientras se dedica al asesinato de empresas y al pillaje de nuestras propiedades? Contar con gobernantes que arremeten contra la sociedad, despojando a las personas de sus pertenencias a través de una serie de impuestos abusivos solo para que la elite gobernante malgaste esos recursos en ambiciones personales elimina todo tipo de legitimidad de la que pudiera gozar un impuesto.
Como podemos ver, el Estado de Honduras no solo fracasa en proteger los derechos más básicos de las personas, sino que es un violador activo de los mismos. Bajo todo criterio objetivo en base a la información disponible, difícilmente podrá negarse que el Estado de Honduras carece de legitimidad democrática y republicana; razón por la cual, a mi criterio, no le debemos obediencia alguna.
Tal vez, inspirados en la resistencia de las mujeres británicas, es hora que adoptemos el eslogan “Sin transparencia, no hay impuestos”.
