SAN PEDRO SULA, HONDURAS. En las últimas horas trascendieron algunas cifras sobre unos pagos que aparentemente el exalcalde Armando Calidonio autorizó a una empresa proveedora, solo tres días antes de terminar su mandato.
Estos son números millonarios que rápidamente empezaron a divulgarse a través de las redes sociales. Incluso el propio alcalde electo Roberto Contreras, se pronunció sobre una denuncia, donde indicó que el propietario de la empresa (CODISA) quiere «recibirlo con una demanda».
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Ante ello, el empresario añadió que estará realizando auditorías, para confirmar que han sobrevalorado órdenes de compra. Al mismo tiempo aseveró que empleados municipales se quedaron sin pago por el giro que les hizo Armando Calidonio.
Para dar más detalles sobre esto, un asesor del señor Roberto Contreras mencionó que las ordenes de pago «no son ilegales», porque Calidonio aún estaba desempeñándose como alcalde e incluso pudo hacerlo horas o minutos antes, pues todavía estaba en su cargo.
Lo que podría convertirlo en ilegal sería que los pagos no estén debidamente documentados o que no tengan soporte legal. «Que se ve mal sí, pero después de eso no hay ningún problema», dijo.
Lo cuestionable para algunos ciudadanos es que mientras Calidonio prefirió pagar cuentas que pudieron esperar, los proyectos de infraestructura de la ciudad están parados. Las obras son necesarias para el desarrollo de la ciudad, añadieron.
También, afirmó que si encuentran la irregularidad de que los pagos no tienen soporte deberán investigarlo. Por otro lado, denotó que publicar esos detalles de los pagos en el portal de transparencia tampoco le da legitimidad y que no se puede decir que, porque no lo suben no es legal, pues eso solo lo hacen para conocimiento público.
Ahora bien, detalló que la investigación también deberá hacerse para determinar si el procedimiento que utilizó la corporación saliente fue la correcta. «Si aparece una orden de pago con fecha de hoy y firmada por él (Calidonio), ahí sí es problema», añadió.
El asesor explicó que antes de que un alcalde firme la orden de pago, la documentación debe pasar por auditoría y otras áreas. Por tanto, la ilegalidad no sería que él la firme tiempo antes de salir, sino que lo hizo sin cumplir el procedimiento correspondiente.
«El hecho de autorizar un pago es legal, pero lo que tienen que investigar es si el pago es correcto. Si ellos creen que no es legal deben presentar una denuncia», prosiguió.
En cuanto a la supuesta falta de pagos a los empleados municipales por las órdenes que hizo Calidonio antes de su retiro, manifestó que únicamente se incumplió en un acuerdo, que en todo caso sería pagarles antes del 30, pero legalmente la alcaldía tiene hasta final de mes para acreditarles. Ya pasado ese tiempo, sí lo pueden considerar un incumplimiento a sus derechos, finalizó.
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