HONDURAS. Omoa y Puerto Cortés son municipios vecinos que aquejan una misma problemática: la basura que arrastra el río Motagua desde Guatemala y llega hasta sus playas.
Las dos ciudades son sitios cuya economía se sostiene en gran medida por el turismo y la pesca, sectores que en los últimos años se han visto severamente afectados por la contaminación chapina.
Representantes de los rubros conversaron con TIEMPO Digital y dieron a conocer cómo es que la problemática los está afectando, situación que les viene causando preocupaciones desde hace años, pero recriminan que aún no hay una solución.
Si hay algo en lo que coincidieron todos los entrevistados es que no se pueden cuantificar las pérdidas económicas sufridas año con año. Lo que sí tienen en sus registros en cuánto deben invertir de sus ganancias para botar los derechos de Guatemala.
Un gasto presupuestado a la fuerza
Por ejemplo, para Maribel de Umaña, presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Omoa (CCIO), la situación se ha ido descontrolando desde hace una década. “El turismo generaba más de mil 500 empleos directos y tres mil indirectos. Más de 600 familias se mantenían de la pesca, pero la contaminación nos ha afectado a tal punto que muchos lugareños buscan nuevas formas de ganarse la vida”, agrega.
Comentó que la forma en que las empresas de Omoa son afectadas por la basura de Guatemala es que, del dinero que ingresan los clientes, deben destinar sí o sí una cierta cantidad para la limpieza de la porción de playa frente a sus locales.
«Hay que contratar a personas que la recojan y luego pagar a camiones que se la lleven. Solo ayer un camión hizo como cinco viajes, y le estoy hablando sólo de basura en la playa, no la que genera el negocio», lamentó Umaña.
Por supuesto, opinó que no haberse solventado la problemática hace años, entonces los empresarios podrían invertir su dinero es otras necesidades de los negocios y no en limpiar las costas constantemente.
Pérdidas del 60 % en turismo
De su lado, Rosa Brocato, de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) comentó que según estimaciones generales, dicho sector ha llegado a perder hasta un 60 % de ingresos debido a la basura arrastrada por el río Motagua, dado que los visitantes son «ahuyentados» al ver la insalubridad del mar.
Brocato lamentó, además, que dicha situación no solo se lleve de encuentro a los grandes negocios, sino también a las personas que se dedican a, por ejemplo, a la venta de pan de coco, artesanías u ofrecen paseos en lancha a los bañistas, pues, al no haber turistas, no tienen con quiénes hacer comercio.
«El impacto es grande. Los turistas no suelen llegar en esa temporada (cuando hay mucha basura). No le puedo decir cuánto es la pérdida real, pero aproximadamente dejamos de percibir un 60 % de ingresos. Ni un visitante llega a bañar cuando el mar está lleno de basura», cuestionó Brocato. «Por ejemplo, en una semana que podríamos obtener 100 mil lempiras, solo sacamos 40,000», agregó.
Pescadores gasta más y venden menos
Sandra Cárdenas, del Centro de Estudios Marinos (CEM), reveló que los pescadores de Omoa y Puerto Cortés pierden dinero cuando deben invertir más tiempo y recursos para sacar peces del agua y al final no obtienen la cantidad que esperaban.
Y es que, según Cárdenas, debido a la contaminación del mar, ahora los peces están emigrando mar adentro, lo que se traduce en mayor gasto de combustible, y al final, los que atrapaban para vender no son suficientes para recuperar la inversión.
«El pescador ya no está encontrando producto cerca de las costas, es más difícil. Pueden ir a hacer pescas de uno o dos días fuera, pero solo sacan 600 lempiras cuando quizás invirtieron 2 mil», comentó.
Y el Estado también
Para el Estado de Honduras, la basura proveniente de Guatemala también es un gran problema, pues no se salva de destinar millones de fondos para la remoción de desechos sólidos de las playas hondureñas.
César Flores, de la Comisión Hondureña para el Río Motagua, aseguró que el Estado ha invertido por lo menos 60 millones de lempiras para botar basura desde el 2014 hasta la actualidad, fondos que «perfectamente» el Gobierno podría usar de otra forma.
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