TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, dijo que recibió presiones de algunas personas para que no se derogara la «Ley de Secretos«.
«Tuve bastantes presiones para que no se derogara la ‘Ley de Secretos’, de esas presiones que no se dicen y que nadie cuenta», declaró Redondo.
El titular del Legislativo mencionó que algunas de las personas que lo presionaron para no dar trámite a la derogación de la «Ley de Secretos» estaban dentro del CN.
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Asimismo, Redondo anunció que menciona públicamente esas presiones para que las mismas cesen. De lo contrario, el presidente del CN podría brindar las identidades.
«Por cortesía legislativa lo denuncio públicamente, como advertencia de que si sigo recibiendo presiones, daré a conocer sus nombres y apellidos», advirtió Redondo.
Denuncia de sustracción de información
A su vez, Redondo señaló que empleados del CN habrían sido cómplices de la sustracción de información. Con la finalidad de ocultar las acciones irregulares que se dieron en el Congreso anterior, dirigido por el doctor Mauricio Oliva.
Según Redondo, la información que habría sido borrada o sustraída fue para evitar investigaciones. Posteriormente, se dará a conocer en un informe que se presentará sobre cómo se encontró el CN.
«Sí se borró información o si se sustrajo; tenemos vídeos, fotografías y pruebas de eso. Era información que permite que siga la impunidad, con los actos criminales cometidos desde el Congreso anterior», expresó, Redondo.
Redondo esperaría recuperar la información sustraída del Legislativo, con colaboración de los empleados que habrían sido cómplices de dichas acciones irregulares.
Congreso Nacional de Honduras deroga la «Ley de Secretos»
La Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional, conocida como «Ley de secretos«, fue derogada ayer en el CN.
«La Ley de Secretos fue el amparo de los que cometían actos de corrupción descarada en Honduras», expresó el presidente del Congreso, Luis Redondo, en sesión de derogatoria de la mencionada normativa.
El artículo 2 sostiene que en aplicación a la ley de secretos públicos, los titulares de las instituciones estatales, ya sean centralizadas y descentralizadas, deberán hacer análisis de documentos clasificados como secretos.
El artículo número 4, indica que los titulares y funcionarios de desclasificar la información, que mantenida en reserva, hasta la entrada en vigencia del presente decreto, están autorizados, para que en caso de considerar que de esa información se pueda deducir responsabilidad penal, civil o administrativa, se pueda proceder a hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público o Tribunal Superior de Cuentas.
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