TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras las rejas aguardarán el avance del proceso judicial la abogada Jenny Carolina Andrade Lemus y el exfuncionario José Ramón Bertetty Osorio, acusados en una nueva línea de investigación del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Luego de la audiencia inicial -que se extendió por varios días- el juez que conoció la causa dictó la figura de auto formal procesamiento (indicio racional de criminalidad) con la medida cautelar de prisión preventiva.
La jurista está acusada de lavado de activos por más de 14 millones de lempiras que habrían sido desviados del centro asistencial; mientras que Bertetty será procesado por tres delitos de cohecho pasivo impropio y un cargo de lavado de activos.
En los tribunales, el Ministerio Público (MP) evacuó un total de 27 pruebas contra los encausados. Dos de ellas son evidenciales, tres testificales, otras tres periciales y 19 documentales.
En este caso la Fiscalía también implica a José Alberto Zelaya Guevara, quien está prófugo de la justicia. A él se le atribuye una cuenta por la presunta comisión del delito de violación a los deberes de los funcionarios.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) son las instituciones que llevan el proceso por la parte acusatoria.
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Pesquisas
El informe de los fiscales asignados al caso indica que Andrade Lemus constituyó en 2008 una empresa llamada Soluciones Técnicas JJ y que, tres años más tarde, recibió 36 depósitos de otras empresas que habían suscrito contratos con el IHSS.
El MP detalla que en ese proceso hubo una sustracción de 14,220,219.45 lempiras. Además, señala que la encausada no tenía justificación económica legal o de su procedencia.
Según las indagaciones, la abogada supuestamente había tomado los fondos para trasladarlos a cuentas personales, familiares y también al extranjero.
En cuanto a Bertetty, la Fiscalía apunta que él pidió una coima a los representantes legales de tres empresas en 2011, mismas que reportaban retrasos en pagos por servicios prestados al Seguro Social. El soborno ascendería al 20 % del valor de cada factura.
Según el MP, para cumplir con ese propósito, Bertetty se coludió con Andrade y la fantasmagórica Soluciones Técnicas JJ. Apunta que, un año más tarde, la jurista solicitó el registro de la firma del caballero en mención.
Tal petición pretendía que «ambos pudieran emitir cheques de la cuenta con firmas indistintas, pero evitando que figurara su nombre«, subraya el expediente con lo recabado por la Fiscalía.
Además, el escrito precisa que Bertetty terminó recibiendo 41 depósitos, cuyo monto asciende a 1,795,000.00 lempiras, producto del soborno que acordó con las empresas proveedoras de servicios.
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