TEGUCIGALPA, HONDURAS. De acuerdo con el abogado penalista, Raúl Suazo, el Estado no debe darle la figura de querellante adhesivo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), porque se le estarían quitando facultades al Ministerio Público (MP), que es el ente acusador estatal.
«Definitivamente no soy del criterio que debería de dársele a la CICIH esa condición. Es algo que no está incluido en el Código Procesal Penal, en primer lugar. En segundo sería también quitarle al Ministerio Público una atribución que le corresponde a él y al Estado de Honduras», indicó Suazo a Diario TIEMPO.
En la sesión legislativa de ayer, martes, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, presentó una iniciativa de ley en el Congreso Nacional (CN). Esta va orientada a darle la figura de «querellante adhesivo» a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Ese proyecto sería para reformar los artículos 96 y 99 del Código Procesa Penal. La finalidad es ampliar la figura de acusador privado a la comisión, como herramienta que aporte a la lucha, prevención y la sanción de abusos relacionados con la corrupción en el país.
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Es necesario el combate de la corrupción
El abogado penalista Raúl Suazo aseguró que en Honduras es necesario un combate frontal contra la corrupción, por todos los antecedentes y casos emblemáticos que ha registrado el país.
Sin embargo, destacó que darle la figura de querellante adhesivo a la CICIH sería darle el poder a una institución aún no creada. De esta manera, se estaría sobrepasando los límites de la Constitución de la República y a la vez la legislación procesal penal.
«El problema de darle atribuciones a la CICIH que no están contempladas en la Constitución de la República y el Código Procesal Penal, no es lo correcto», indicó el experto.
De la misma manera, Raúl Suazo explicó que «la cuestión es la siguiente, la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras) cuando la crearon anteriormente también seguía muchos lineamientos de Gobierno. No fue lo correcto, por lo que no se garantiza que la CICIH pueda politizarse».
