TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ministerio Público (MP) cuenta con una serie de pruebas contundentes, como facturas, contratos y recibos en contra del exministro de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Gabriel Rubí, y demás exfuncionarios.
De igual manera, el ente acusador tiene en su poder una auditoría que realizó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el periodo comprendido del 10 de febrero al 12 de junio de 2020.
Las pruebas serán presentadas ante los Juzgados en la audiencia inicial este 10 de junio.
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#JuzgadoPenal en Materia de Corrupción inicia Audiencia de Declaración de Imputado contra Gabriel Rubí, Fernando Sierra, Gustavo Cruz y Arlette Montero exfuncionarios de COPECO acusados de Fraude y Violación a los Deberes de los Funcionarios. pic.twitter.com/3865JEaR8j
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) June 2, 2022
Los acusados son el exministro de COPECO, Gabriel Alfredo Rubí Paredes; el exsubcomisionado Gustavo Adolfo Cruz Gómez, el exadministrador Cristian Elías Santeli y la directora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de COPECO, Arlette Magaly Montero Rodríguez.
Este viernes, un juez en Materia de Corrupción a través de una audiencia le dictó medidas distintas a prisión a los cuatro exfuncionarios de COPECO. A estos se les aplicó medidas cautelares, por lo que se podrán defender en libertad.
Por lo anterior, se limitó a los imputados no salir del país y deben presentarse ante los Juzgados en el periodo que las autoridades establezcan.
Investigación y auditoría
De acuerdo con la investigación, en su etapa como funcionarios, en el marco de un decreto de emergencia el 10 de febrero del 2020, solicitaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Torax.
El triaje no fue solicitado por las autoridades sanitarias, aun así se suscribió un contrato por más de 4 millones de lempiras con una empresa constructora.
De acuerdo con la indagación, no se realizó una supervisión a este proyecto, lo que originó que COPECO pagara 996 mil 860 lempiras por obras no ejecutadas por la empresa constructora.
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En la auditoría del TSC se detalla que la empresa JF Construcciones reintegró un valor al Estado de Honduras, que se considera sobrevalorado.
“Esta deficiencia dio como resultado una sobrevaloración en las obras contratadas por un valor de 653 mil 697.38 lempiras, el cual equivale de manera porcentual a un 18 % por arriba del valor de referencia o precios del mercado”, manifiesta la auditoría.
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