REDACCIÓN. Con 10 vacunas contra el SARS-CoV-2 en la fase 3 de los ensayos clínicos, y algunas de ellas con una eficacia del 90 %, como es el caso de las desarrolladas por la farmacéutica Pfizer y el Centro Gamaleya de Moscú, se abren interrogantes acerca de cómo será la distribución del fármaco una vez esté disponible.
Tres principios éticos generales
Uno de los informes más importantes al respecto es el elaborado por el prestigioso Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria. Ellos en un documento de 46 páginas, basan los criterios sobre el acceso a las vacunas en tres principios éticos generales:
-Bienestar y promoción del bien común: minimizar la enfermedad y las muertes por covid-19, pero no solo promoviendo la salud pública; sino también el bienestar económico y social.
-La justicia y la equidad: asegurando el acceso a la vacunación de todas las personas incluidas en los grupos prioritarios, salvando barreras de tipo económico, de acceso, o de cualquier otro carácter.
La legitimidad: el proceso de decisión de los grupos prioritarios debe ser transparente, de confianza y que pueda ser aceptada socialmente.
Bajo estos principios, los grupos que se proponen se clasificarían en varios niveles, siendo el 1 el más prioritario:
Nivel 1
Aquellos más esenciales para sostener la respuesta en desarrollo al covid-19, los que tienen mayor riesgo de enfermedad grave y muerte y sus cuidadores, y aquellos esenciales para mantener las funciones sociales básicas.
Nivel 2
Los que participan en la prestación de servicios de salud en general, tienen mayores barreras para acceder a la atención sanitaria si enferman gravemente, los que contribuyen al mantenimiento de las funciones sociales básicas. También quienes tienen mayor riesgo de infección por sus condiciones de vida o trabajo.
¿Quiénes pertenecen al primer nivel?
Entre quienes pertenecen a ese primer nivel se encuentran los profesionales sanitarios, de emergencias y de salud pública de los equipos de atención directa a pacientes de covid-19. Asimismo aquí se encuentran los técnicos y sanitarios encargados del diagnóstico de laboratorio de la enfermedad, la distribución y la administración de las vacunas.
En este primer escalón también estarían los trabajadores de los transportes públicos, y los dedicados a la producción. Enlistan también a los que se encargan de la distribución de alimentos y los profesionales del sistema educativo.
Igualmente, serían prioritarias, atendiendo a su nivel de riesgo de padecer una mayor gravedad de la enfermedad o incluso la muerte en caso de contagio, las personas mayores de 65 años y sus cuidadores.
Se presentan en el grupo mencionado quienes sufran factores de riesgo, como enfermedades crónicas; las mujeres gestantes; y los empleados de centros sociosanitarios, como residencias de ancianos.
Ya en el segundo nivel se situarían los farmacéuticos y otros profesionales sanitarios. Agregaron a los colectivos que residan en lugares con infraestructuras de comunicación o de salud más débiles, trabajadores relacionados con la producción y suministro de energía o agua. También los que están en medios de comunicación y servicios postales, bomberos o policías, entre otros grupos.
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¿Quiénes estarían excluidos en un primer momento?
Parece que hay cierto consenso en la exclusión de dos grupos del nivel 1 de prioridad en el acceso a la vacuna contra el coronavirus.
En el primero se encontrarían los miembros de las fuerzas del orden y seguridad, así como policías y militares, debido a que suelen pertenecer a una franja de edad joven y a encontrarse en buen estado de salud.
El segundo estaría compuesto por los niños, debido a que suelen ser asintomáticos y es muy raro que presenten complicaciones por el covid-19. Sin embargo, en este caso sí existen algunas opiniones contrapuestas, pues hay partidarios de vacunar inicialmente a quienes más contribuyen a la transmisión de la enfermedad a nivel comunitario, caso que podría afectar a la infancia, pero sobre todo a los adultos jóvenes, por su mayor interacción social.
Tras las recomendaciones de los expertos, serán los responsables de cada país quienes decidan como adaptar estos consejos, adaptándolos de manera flexible a la realidad de sus respectivas sociedades.
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